Los benedictinos de un pueblo de León salen de su monasterio escoltados por la Guardia Civil tras ser amenazados por los vecinos

El monasterio benedictino de San Salvador del Monte Irago, ubicado en Rabanal del Camino (León), atraviesa días convulsos. La polémica habida en torno a la restauración de la iglesia románica del pueblo ha provocado que los monjes abandonen su comunidad con una escolta de la Guardia Civil. La traumática salida se produce en un momento de gran afluencia de peregrinos del Camino de Santiago, a los que los monjes atienden en sus necesidades tanto espirituales como físicas.

Detrás de lo que los monjes han dado en llamar “tumultos” está la polémica en torno a la restauración de la iglesia románica de Rabanal del Camino, de la que es párroco uno de los monjes del vecino monasterio. Dicha iglesia cuenta con aproximadamente un millón de euros como fondo para su restauración. Se trata de un Bien de Interés Cultural y, por tanto, el proyecto depende de la Dirección General de Patrimonio de Castilla y León. La Dirección General ha terminado por desviar la ejecución de la restauración –y, por tanto, la responsabilidad en la gestión de los fondos- al ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, municipio del que depende la pedanía de Rabanal del Camino.

Tanto la parroquia como la diócesis de Astorga se han negado a que sea el ayuntamiento –en manos del Partido Popular- el que promueva las obras. La reacción airada de unas sesenta personas concernidas por la restauración ha alterado de modo insostenible la vida de los consagrados, a los que se les achaca “la pretensión de alterar no sólo la estructura arquitectónica del templo, sino de modificar, incluso, la configuración urbanística del pueblo”, según han afirmado los monjes en una carta circular enviada a los amigos del monasterio.

Otras acusaciones resultan, si cabe, más sorprendentes: se acusa a los monjes de “no escuchar a las autoridades locales a la hora de organizar los actos litúrgicos” y aun de robar imágenes de la iglesia. Los monjes, conocedores de que “la exclusión del Ayuntamiento en la gestión de tan importantes fondos económicos ha originado toda esta situación”, han sufrido “insulto, injuria sistemática, amenazas de violencia física” y atranco de puertas del convento, además de las acusaciones de distintos medios de comunicación a los que no piensan hacer declaraciones.

El día 13 de agosto, la Junta Vecinal de Rabanal del Camino, en concejo público al que fueron convocados todos los vecinos excepto el monje-párroco, también vecino empadronado en dicha localidad, propuso el envío de una carta de protesta a la Junta de Castilla y León. Dicha carta contenía los datos de un proyecto todavía en fase de redacción y han inducido al equívoco a los vecinos de Rabanal. Las disposiciones hasta ahora aceptadas por las autoridades han sido rechazadas.

Los monjes de San Salvador del Monte Irago están ya más preocupados por la restauración de la vida monacal que por la de la propia iglesia, y se han mostrado especialmente dolidos porque en un punto de tradicional acogida en la Ruta Jacobea hayan tenido que oír gritos de “fuera de este pueblo”.

La polémica, todavía soterrada, no es la primera que afecta al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera en su trato con las órdenes religiosas: a este respecto, se cita el caso de una clausura de Clarisas en Segovia, de enorme valor artístico-monumental por sus artesonados, que sufre el olvido económico de la Dirección General de Patrimonio de la Junta.

 

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