Iglesia-Estado

Preguntan a ‘Newtral’ si el Gobierno “maniobra” suprimir los capellanes de la sanidad pública

El medio de la periodista Ana Pastor explica por qué el Ejecutivo no puede eliminar el servicio religioso católico de los hospitales con una ley ordinaria

Juan José Omella y Carmen Calvo.
photo_camera Juan José Omella y Carmen Calvo.

La startup de contenido audiovisual fundada en enero de 2018 por la periodista Ana Pastor, Newtral, ha publicado un reportaje pormenorizado sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez "maniobra" suprimir la asistencia sanitaria católica en los centros hospitalarios. 

Una de las pretensiones de esta web es innovar en el periodismo a través del fact-checking (verificación de datos). Pues bien, los lectores han preguntado al medio sobre una cadena de comentarios a través de las redes sociales que dice lo siguiente: “El Gobierno maniobra para suprimir en la Sanidad Pública a los capellanes de hospitales”. La cadena continúa en las redes sociales con la petición de reenviar el texto ya que "morirse sin consuelo espiritual debe ser lo peor que le puede pasar a un cristiano creyente”. 

No basta con una simple derogación del Gobierno 

La investigación de Newtral es correcta ya que, como en varias ocasiones ha informado Religión Confidencial que "esa afirmación, sin embargo, se basa en un contexto jurídico erróneo. Como señala la respuesta gubernamental a la iniciativa de Compromís, para suprimir o modificar el convenio que establece el servicio prestado por los capellanes en la sanidad pública «no basta una simple derogación por parte del Gobierno».

Y es que, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó por escrito a principios de año varias cuestiones relativas al principio de aconfesionalidad del Estado, explica el medio. 

Concretamente, dos de ellas se referían a la asistencia católica en hospitales sufragada con dinero público, solicitando conocer la cantidad que se ha destinado a este servicio desde 1986, así como las medidas planteadas por el Ejecutivo para derogar el acuerdo sobre asistencia religiosa en centros sanitarios públicos.

No solo Mulet ha solicitado esta petición al Ejecutivo. También el gobierno de PSOE-Podemos de Castilla La Mancha pidió al gobierno de España que suspendiera el acuerdo con el Vaticano que obliga a financiar con dinero público los servicios religiosos católicos en la sanidad pública. 

Suprimir los Acuerdos con la Santa Sede

"Mostrando su disconformidad con la respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez, en el mes de mayo Mulet reiteró la petición de suprimir los Acuerdos con la Santa Sede", reitera el medio de Ana Pastor y explica:  "debido a su naturaleza jurídica internacional, dichos acuerdos no pueden modificarse o suspenderse siguiendo los trámites legislativos ordinarios. Según el artículo 96 de la Constitución Española, “sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional” y precisa de previa autorización de las Cortes Generales". 

Por tanto, “no basta una simple derogación por parte del Gobierno”, como recoge la contestación del 13 de julio, añadiendo que “la modificación de los Acuerdos con la Iglesia Católica tiene un carácter bilateral, sin perjuicio de que el Estado pueda acometer desarrollos legales dentro del marco previsto en los mismos”, señala Newtral. 

Cómo se regula la financiación de la asistencia religiosa

Newtral explica en su información cómo se regula la financiación de la asistencia sanitaria religiosa en los hospitales públicos y por qué ha resurgido este debate los últimos meses.

El medio indica que según los acuerdos bilaterales vigentes entre el Estado y la Santa Sede de 1979, sobre su financiación, indica que “corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente”. 

También explica Newtral que es cada ejecutivo autonómico (a excepción de Ceuta y Melilla), y no el Gobierno, quien asume la cantidad destinada a sufragar este servicio según los convenios de colaboración con cada una de las diócesis. Con ello se paga el salario de los sacerdotes, el mantenimiento de las capillas o el material.

Un “espacio de diálogo” 

Por último, el medio hace referencia al espacio de "diálogo" que se estableció en la reunión del 24 de junio entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, donde “se acordó establecer una agenda amplia de trabajo para avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias”. En ese sentido, se abordarían asuntos como “la fiscalidad de la iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la Educación”.

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