Más Plurales estudiará con detenimiento la sentencia del TC que avala la 'ley Celaá'
Escuelas Católicas rechaza la propuesta del cardenal Omella sobre el cheque escolar
- Aspectos de la LOMLOE injustos
- Derecho de los padres
- Coste real en los centros concertados
- Polémica sobre el cheque escolar
- La enseñanza concertada, en riesgo
El Tribunal Constitucional ha aprobado la sentencia que desestima el recurso de Vox contra la ley Celaá, la cual incluyó la prohibición a que los centros privados reciban fondos públicos si separan por sexo y señaló que el castellano dejaba de ser lengua vehicular en la enseñanza.
Ante esta decisión del TC, la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y diferentes organizaciones del sector de la concertada ha emitido un comunicado en el que "respeta la Sentencia del TC aunque no la comparte y espera conocer y analizar con detalle los fundamentos que utiliza el alto tribunal para desestimar el recurso presentado y realizar en ese momento una valoración más profunda y desarrollada".
Aspectos de la LOMLOE injustos
La Plataforma Más Plurales sigue defendiendo que hay aspectos de la LOMLOE claramente injustos sobre los que ya se pronunciaron, que perjudican al sistema educativo y limitan gravemente las libertades y derechos de los ciudadanos.
"El hecho de que se hayan tenido que realizar dos ponencias distintas sobre la Sentencia pone de manifiesto que es una ley polémica y discutible. Por este motivo, la Plataforma seguirá trabajando para que sea modificada o sustituida cuanto antes y que su impacto en las Comunidades Autónomas sea el menos perjudicial posible", afirman.
Derecho de los padres
En este sentido, Más Plurales seguirá trabajando por una Ley de Educación que reconozca la complementariedad de las redes pública y concertada en el servicio de la educación sostenida con fondos públicos.
Además, aboga porque se consolide el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos, respetando la demanda social a la hora de programar la oferta educativa.
Respecto a la sentencia del TC, la plataforma afirma que seguirá trabajando para conseguir, sin exclusión, "el acceso a la financiación pública de todo tipo de centros educativos autorizados por las administraciones públicas".
Por otra parte, seguirán trabajando por una ley de Educación que permita la continuidad de los centros de educación especial para las familias que consideren que es lo más adecuado para sus hijos.
Coste real en los centros concertados
En su opinión, una buena ley de educación debe establecer la financiación a coste real del puesto escolar de los centros concertados garantizando así la gratuidad total de los mismos y las necesarias mejoras laborales de sus profesionales, docentes y personal de administración y servicios.
Por último, consideran que una buena ley educativa debe regular respetuosamente la asignatura de religión de acuerdo con su naturaleza académica, en igualdad de condiciones al resto de materias y como instrumento indispensable para la formación integral de la persona, objetivo esencial de la enseñanza.
Polémica sobre el cheque escolar
Por otra parte, respecto a las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, quien en su discurso durante la Asamblea Plenaria de obispos abogó por un "cheque escolar" como garante de "la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la Administración competente", Escuelas Católicas, la mayor patronal de la enseñanza concertada, ha rechazado la propuesta de la Conferencia Episcopal de implantar un cheque escolar en todos los centros del país al entender que ello contribuiría a la segregación del alumnado y castigaría a las familias “más vulnerables”.
En declaraciones a EFE, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, ha explicado que se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal, y esta le ha asegurado que “no es una propuesta”, sino una “opción más que ponen sobre la mesa” para su debate.
La enseñanza concertada, en riesgo
Huerta se ha opuesto a este sistema de financiación, que se aplica por ejemplo en EE. UU., Italia o Australia y donde no se garantiza la gratuidad, pues “en lugar de mejorar el sistema, castigaría a las familias que no pudieran pagar lo que excedería de esa parte gratuita del cheque e impediría su acceso al modelo educativo que quieren para sus hijos”.
El cardenal Omella dijo que los obispos “apostamos“ por una educación gratuita “con independencia de la titularidad privada o pública del centro y del modelo educativo”. Señaló así mismo: “Observamos que el modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado” garantizadas por nuestra Constitución. Además, “nuestro sistema de enseñanza concertada” está “siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos”.
“El Estado no puede olvidar su deber de respetar el principio de subsidiariedad y evitar identificarse con un determinado modelo educativo, adscripción ideológica, o titularidad de la escuela. De otro modo nuestro Estado estaría pasando a ser un estado confesional laicista, discriminando a los ciudadanos y ciudadanas cristianos o de otras religiones”, afirmó Omella.
