El juez decide que los libros LGTBI de Castellón se usen en los institutos
Padres consideran que esta decisión atenta contra su derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, y contra el interés del menor instruyéndoles en pornografía
Los polémicos 32 libros de temática LGTBI que el ayuntamiento de Castellón envió a 11 institutos y un centro público de la ciudad podrán estar y utilizarse en esos centros educativos, tal como ayer notificó a las partes el juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón.
Una magistrada en sustitución ordinaria estimó el recurso presentado por Abogados Cristianos y, en un auto fechado el 15 de octubre, suspendía la entrega de esos libros y acordaba su retirada como medida cautelar, tal como informó Religión Confidencial el 19 de octubre.
Apoyo de Mónica Oltra
Los libros se habían enviado desde la concejalía de Igualdad, y la concejala Verónica Ruiz (Compromís) encontró el apoyo de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad, para no retirar esos libros.
Desde COVAPA, la Confederación Valenciana de AMPAs de centros públicos, que agrupa a 250.000 familias también solicitaron la retirada de estos libros LGTBI, por considerarlos ofensivos y del todo inapropiados para alumnos a partir de 12 años.
Fundamento legal directo
Tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal, el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada "tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana".
Según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, "no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal", así como tampoco "de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos (...)".
"No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (...). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares", concreta el auto.
Recursos
Desde Abogados Cristianos manifestaron ayer que recurrirán en apelación a esta nueva decisión judicial, puesto que “la resolución incurre en varios errores, cuando dice por ejemplo que las bibliotecas de los institutos son de titularidad municipal”.
Además, afirman que “el juez en este auto desoye el informe del Ministerio Fiscal, que apoya la medida cautelarísima”.
“Se trata de un ataque contra la religión, la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y contra el interés del menor, instruyéndoles en pornografía, prostitución y sexo con drogas”, afirman.
