Las Comisiones parlamentarias sobre la pederastia
La decisión del cardenal Omella, todavía Presidente de la Conferencia Episcopal Española, de no comparecer ante la Comisión del Parlamento Catalán que investiga la pederastia en la Iglesia de Cataluña, se entiende, ha sorprendido a más de uno.
En la carta que ha remitido al parlamento de Cataluña hace referencia a la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 77/2023, de 20 de junio, en la que precisa el ámbito subjetivo y objetivo de las Comisiones parlamentarias de investigación.
También suma la sentencia 215/2016, de 15 de diciembre, para concluir que el deber de colaboración con la investigación parlamentaria, exigido por el ordenamiento jurídico, “sólo es predicable respecto de aquellas cuestiones que pueden ser objeto de investigación parlamentaria”.
Si nos atenemos, por ejemplo, a lo que escribe el profesor José Antonio Soler en su artículo científico “Trasparencia, Comisiones de investigación y derechos humanos”, la cuestión se complica, porque no parece que sea tan fácil obviar la comparecencia.
De hecho, la presidenta de la Comisión de investigación, Susanna Segovia, de En Común Podemos, ha escrito un mensaje en X diciendo que solicitará a la mesa del Parlamento que aplique el reglamento y lo ponga en conocimiento de la fiscalía. Con lo que se prevé un lío no sólo político, también jurídico.
Es llamativo, además, que el cardenal Omella en su carta a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Anna Erra i Solà, diga que “los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense hemos acordado, de forma unánime y expresa, que no compareceré en la sesión de la Comisión de investigación a la que he sido convocado”.
Quizá habría que ir clarificando cuál es la personalidad jurídica civil, y quizá canónica, de la Conferencia Episcopal Tarraconense que, si no mal recuerdo, no aparece en los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado.
Es más, sorprende que, pese a que no comparezca el cardenal Omella, sí lo han hecho, o lo van a hacer, otros eclesiásticos. A no ser que a partir de ahora se siga la doctrina asentada por el arzobispo de Barcelona.
Hasta aquí los hechos. Vayamos a las hipótesis. Es cierto que la repercusión de esta Comisión fuera de Cataluña es mínima. Quizá hasta ahora.
Pero no lo es la senda que ha abierto, el precedente, que puede terminar en que, en el momento político que más le interese al Gobierno de Pedro Sánchez, le monten a la Iglesia una Comisión Parlamentaria de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la pederastia eclesial.
Ideas que ya ha circulado en determinados grupos parlamentarios, ya saben, los de siempre, la izquierda, y que hasta el presente parece que es rechazada por el PSOE. Claro, hasta que les venga bien políticamente por no decir que, incluso, la pueden utilizar como baza para una negociación o intercambio.
Con lo que el cardenal Omella le estaría señalando el camino al próximo presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Se entiende que el cardenal Omella no quiera aparecer como Presidente de la Conferencia Episcopal Española en el Parlamento de Cataluña y despedirse de ese cargo de esa forma.
Pero, dicho lo cual, habría que añadir que, como bien explica el cardenal Omella en su carta a Erra, no ha sido poco lo que ha hecho la Iglesia ya en esta materia como para no aprovechar la oportunidad de contar lo que no saben, o no quieren saber, para recordar lo que está pasando con la pederastia en la sociedad, para poner en evidencia contradicciones políticas y sociales.
Ahí están, por otro lado, la colaboración con el Defensor del Pueblo, el Informe “Para dar luz”, el de Cremades&Clavo-Sotelo, los cambios normativos canónicos, los trabajos de las Oficinas, los protocolos, el plan de reparación integral…
Haga lo que haga el Parlamento de Cataluña, y el de España, van a ir, en muchos sentidos, por detrás de la Iglesia.
