Vaticano

El Papa designa un tribunal canónico para reabrir el llamado ‘Caso Gaztelueta’

Está cerrado en la vía civil después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia y rebajara a dos años la pena que dictó la Audiencia de Vizcaya

Monseñor Luis Francisco Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
photo_camera Monseñor Luis Francisco Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El llamado ‘Caso Gaztelueta’ vuelve a la primera página del protagonismo eclesial. El papa Francisco ha decidido que se investigue de nuevo lo ocurrido y ha ordenado se inicie un proceso canónico para depurar responsabilidades. A tal efecto ha nombrado un Tribunal presidido por el obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satué.

El origen de esta decisión del Papa está en las comunicaciones que ha recibido de Juan Cuatrecasas (Bilbao, 1996), la víctima de supuestos abusos por parte de un profesor del Colegio Gaztelueta de Bilbao, José María Martínez Sanz, miembro del Opus Dei.

En las comunicaciones, el hijo del diputado socialista Juan Cuatrecasas, fundador de la Asociación Nacional Infancia Robada, explica al papa cómo se siente, lo ocurrido y, ante el anuncio de posibles nuevas pruebas, solicita que se abra de nuevo la investigación de su caso por la vía canónica.

De la escuela de Ghirlanda   

Además de monseñor Satué actuará como notario José Luis Perucha Rojo, Rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Y formarán el tribunal, junto con el presidente, Mirian Cortés Diéguez, Rectora del Universidad Pontificia de Salamanca, y Federico Mantaras, Vicario general de la Diócesis de Jerez.

Monseñor Satué, persona cercana al cardenal Omella, es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma y se adscribe a la escuela canonística del jesuita cardenal G. F. Ghirlanda.

En el proceso de reapertura han jugado un papel determinante en las comunicaciones, y en la articulación de la respuesta, tanto el arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, como el jesuita P. Germán Arana, persona cercana a la familia Cuatrecasas y al cardenal Omella.

Advertencias de Ladaria

El arzobispo de Barcelona se reunió en la sede de la Conferencia Episcopal Española, el pasado 23 de marzo, con miembros de la Asociación Nacional Infancia Robada, entre ellos la víctima del Caso Gaztelueta y sus padres.

Antes de tomar la decisión de nombrar este tribunal no solo instructor, el Papa solicitó al cardenal Ladaria, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la fe, el expediente del caso Cuatrecasas. El cardenal Ladaria remitió al Santo Padre el expediente con alguna advertencia. 

Sentencia del Tribunal Supremo

El “caso Gaztelueta” está cerrado en los tribunales españoles, después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia y rebajara la pena de 11 a 2 años de cárcel para el profesor del Colegio, tal y como había solicitado la Audiencia Provincial de Vizcaya.

El Tribunal Supremo consideró que los hechos más graves relatados por la víctima no estaban probados. La sentencia tuvo algunas interesantes apreciaciones del juez Manuel Marchena, ponente del caso.

El Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por el profesor del Colegio Gaztelueta, lo que motivó que se abriera la vía de la reclamación a los tribunales internacionales ahora en curso. El profesor no entró nunca en prisión.

Monseñor Ocáriz

El pasado dos de mayo, el prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Ocáriz, remitió una carta a Juan Cuatrecasas Asua, en la que decía que “una vez que se ha pronunciado el Tribunal Supremo de España y se ha agotado la vía judicial penal, todos debemos acatar la sentencia. Como bien sabe, tanto el Colegio Gaztelueta como un representante de la Santa Sede, sacaron unas conclusiones que no se corresponden con las de la justicia civil. En todo caso, una vez que la justicia civil –que es la que debe imperar en la sociedad- se ha pronunciado, solo queda aceptar la verdad judicial, sin más consideraciones”.

Un seglar

Fuentes canónicas consultadas por Religión Confidencial señalan que “en el ámbito del Derecho Canónico el caso nunca fue juzgado. Solo se hizo una especie de instrucción previa, encargada por la Congregación para la Doctrina de la fe, que concluyó que no estaban acreditados los hechos, conforme había señalado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco”.

“En ese momento, antes de la reforma del capítulo VI del Código de Derecho Canónico, dedicado al derecho penal, no había forma de, en el caso de que la investigación hubiera sido positiva, juzgar canónicamente al profesor porque era un seglar. Ahora, en principio sí se podría hacer, cuestión también debatida, pero no en este caso, dado que un principio sagrado del derecho, también del penal canónico, es la no retroactividad de la ley penal”.

La vía canónica frente a la civil

Las citadas fuentes apuntan que, “si de verdad se hubieran descubierto nuevas pruebas sustanciales, imagínese por ejemplo que hubiera una grabación, lo que tendría que hacer la víctima es solicitar un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo, una medida que valoraría el alto tribunal. La sentencia del tribunal español es firme e inamovible”.

A otras fuentes judiciales civiles consultadas por Religión Confidencial les llama la atención que “se vaya a iniciar un procedimiento canónico contra un laico cuando ya se ha juzgado con sentencia firme en un tribunal soberano. Y que se esté cuestionando la decisión del más alto tribunal de un Estado, cuando hay canonistas que están reclamando que la vía canónica en esta materia se pare cuando la vía civil esté activa. Algo no encaja. El dicasterio de Doctrina de la fe ni tenía ni tiene jurisdicción para los laicos. A no ser que se pretenda otra cosa, como un juicio mediático contra algunas instituciones de Iglesia”.

El Colegio Gaztelueta se encuentra en la localidad de Leioa (Vizcaya). El obispo de Bilbao, monseñor Joseba Segura, es el ordinario de la localidad en la que está el colegio.

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