Iglesia-Estado

Diputada del PP pregunta al gobierno qué va a hacer para conservar el cristianismo en España

Carmen Quintanilla recuerda que es el tercer país con mayor abandono de la fe cristiana en Europa

Carmen Quintanilla.
photo_cameraCarmen Quintanilla.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular por Ciudad Real, Carmen Quintanilla, presentó el pasado 10 de enero una pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez en el que le cuestionaba sobre el descenso del cristianismo en España.

Quintanilla argumentaba que España es el tercer país con un mayor abandono del cristianismo en Europa en los últimos años.

“Según los últimos sondeos de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 66,2% de los españoles se declara católico y muchos de ellos, siente la falta de protección desde el Estado para conservar el respeto de su fe”, exponía la diputada en su pregunta por escirto. 

Bajo estos supuestos, la parlamentaria del PP preguntaba al Gobierno: ¿Qué objetivos se plantea el Estado para promover el respeto y la conservación del cristianismo en nuestro país?

La respuesta del Gobierno

Un mes después, el Gobierno ha respondido por escrito a la interpelación de la parlamentaria popular.

En primer lugar, recuerda las obligaciones que tiene el Estado respecto a este asunto: “Corresponde al Estado la función de promoción de los derechos fundamentales -entre ellos el de libertad religiosa-, así como la tutela para que su ejercicio individual y colectivo sea respetado en los términos que dispone nuestro ordenamiento jurídico, incluida la penal”.

Sin embargo, ante la cuestión concreta que se interpela, el Gobierno responde que “no puede promover la conservación o avance de ninguna religión en particular, en virtud del “principio de aconfesionalidad” que establece el artículo 16.3”.

Lo único que puede hacer el Estado, reitera, es garantizar el libre ejercicio de la libertad religiosa de todos en los términos que recoge tanto el artículo 16 de la Constitución Española (CE), como los tratados internacionales -de los que España es parte- que son criterio interpretativo en materia de Derechos Humanos (artículo 10.2 CE), y la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. Madrid, 11 de febrero de 2019.

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