Opinión

No se sostienen algunas propuestas sobre el derecho a blasfemar

Una cuestión previa al empezar este comentario sobre la petición de la ONG Reporteros sin fronteras a las autoridades religiosas, a raíz del affaire Charlie Hebdo. Cuando en repúblicas islámicas como Pakistán son perseguidos ciudadanos –cristianos en su mayoría‑, hasta condenarlos a muerte, en virtud de la llamada “ley de la blasfemia”, no se puede tratar alegremente el problema: parece una frivolidad poco sopesada.

RSF presentó el pasado 3 de febrero una iniciativa que, en síntesis, pide a las organizaciones religiosas una “proclamación de la libertad de expresión”: la asociación entiende que “nadie puede imponer su sacralidad a los demás”, y que “todo el mundo es libre de expresar críticas, incluso irreverentes, hacia cualquier sistema de pensamiento político, filosófico o religioso”.

Esa tesis es compartida en la sustancia –no en la forma‑ por quienes luchan, aun a riesgo de su vida, por la derogación de leyes islamistas o hinduistas injustas. Con demasiada frecuencia dan lugar a auténticos linchamientos, sin que actúen luego las autoridades gubernativas y judiciales. Hace nada, el pasado noviembre, en Lahore, una pareja cristiana fue quemada viva en un horno de ladrillo, acusada de profanar el Corán: algo más grave que la brutalidad cometida por los yihadistas del Estado Islámico contra Jordania.

Pero la campaña para suprimir los preceptos del código penal de Pakistán, no lleva consigo la renuncia al diálogo religioso lleno de respeto para los demás. En cambio, como en otros aspectos de la cultura occidental, aquí se confunde despenalizar con establecer derechos. Si se acepta que los derechos son de personas –no de ideologías o sistemas de pensamiento‑, es lógico afirmar que “la verdad” no tiene derechos; tampoco, claro, “el error”.

Hay muchos tipos de blasfemia. Algunas son auténticos insultos a la persona de los creyentes, con independencia de su religión. Y eso no se incluye en la libertad de expresión. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional español, dentro de su extensa jurisprudencia sobre la información. Mi impresión es que ha concedido siempre prioridad a la difusión de hechos o ideas, aunque pudieran afectar al honor de personas concretas, especialmente si éstas tenían un papel relevante en la vida pública. Pero no menos firme ha sido su afirmación de que esas libertades no incluyen el “derecho a insultar”: tarea de cada uno –y de los jueces‑ será dilucidar los límites en los casos concretos.

Como escribe Guillaume Goubert, nuevo director de La Croix, “cada uno puede –y debe‑ fijarse unas límites para no herir a otras personas. La proclamación de RSF lo dice muy bien: nadie puede imponer su sacralidad a otros. Esto vale también para quienes reclaman un derecho absoluto -y, por tanto, sagrado‑ para la blasfemia”.

El debate recuerda la insistencia de Benedicto XVI sobre la dictadura del relativismo, como si formara parte de la esencia de la democracia. De hecho, Ross Douthat defendía el 7 de febrero en el New York Times ese derecho a la blasfemia. Pero matizaba que la libertad de una sociedad no es proporcional a la cantidad de blasfemia que produce; en muchas situaciones le parece legítimo criticar la voluntad de injuriar, denunciarla como una provocación inútil, cruel o simplemente estúpida. No es antidemocrático cuestionar la prudencia, la oportunidad o la indecencia de dibujos o artículos que tratan de modo intolerante y grosero lo para una parte de la población es  sagrado. No es hostilidad ni amenaza a la democracia la ausencia de caricaturas grotescas de Moisés o de la Virgen María en las páginas del Washington Post o del New York Times. Otra cosa es que si un grupo importante está dispuesto a matar a quien diga algo que rechaza, probablemente deba decirse, entre otras cosas, para que los asesinos sientan la esterilidad de su estrategia.

En fin, se comprende que Mons. Georges Pontier, arzobispo de Marsella, presidente de la Conferencia Episcopal francesa, no apoye la iniciativa de RSF. El 3 de febrero comunicaba en una carta a los demás prelados que,  “después de reflexionar y de hablar con otros responsables religiosos”, había decidido no aceptar esa proclamación de la libertad de expresión. Recuerda que el Consejo permanente de la Conferencia habló ya sobre la cuestión en el contexto de las manifestaciones del 11 de enero. Y, con cierta ironía, lamenta que la petición lance suspicacias sobre las religiones: como si no fueran suficientemente partidarias de esa libertad. Así se deduce de que la petición se dirija sólo a las autoridades religiosas, y no a otros actores de la sociedad civil.

En cualquier caso, nunca se insistirá bastante en que no existen derechos absolutos: ni siquiera el derecho a la vida.

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