Opinión

Renovación ética para superar la crisis de los opiáceos en América

Drogas.
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La actual campaña en Estados Unidos contra la industria farmacéutica recuerda la que comenzó hace casi medio siglo contra las compañías tabaqueras. Muestra cierta capacidad de reducir a contenido económico los problemas sociales que derivan de insuficientes comportamientos éticos.

Ciertamente, es fácil interpretar negativamente acontecimientos lejanos. Lo difícil es contribuir a encontrar soluciones que, como suele suceder, dependen fundamentalmente del vigor de la familia y de la solidez del sistema educativo. No sé si Alexis de Tocqueville podría repetir hoy el descubrimiento que describió elogiosamente en su clásico libro La democracia en América.

La realidad es dura. Un experto en política de drogas, Keith Humphreys, considera probable que las drogas hayan matado a más personas por día que Covid-19. Los cálculos oficiales apuntan a casi cien mil muertos por sobredosis en 2020. Para algunos, ese incremento es consecuencia de los confinamientos, una deducción quizá infundada si se tiene en cuenta que en ese período disminuyeron los suicidios y se redujo de hecho el comercio de drogas, con disminución de suministros que llegan desde China y México. Por otra parte, el mayor aumento de sobredosis en relación con 2020 se produjo en mayo y junio, cuando muchos estados habían levantado ya la prohibición de salir de casa.

De todos modos, el narcotráfico ha evolucionado, desde las drogas tradicionales, como heroína y cocaína, a las sintéticas. Los cárteles mexicanos producen con facilidad y a bajo precio pastillas de enorme potencia, que llegan de contrabando a Estados Unidos, y confunden el “mercado”, también el relativo a los opiáceos que deberían expedirse sólo con receta médica. De hecho, 57.000 personas murieron en 2020 por sobredosis de opiáceos sintéticos (principalmente fentanilo y análogos) y otras 24.000, por metanfetamina.

La crisis deriva en parte de la promoción agresiva y la prescripción excesiva de analgésicos altamente adictivos. Se extendió el uso de medicamentos con receta, inicialmente reservados para las enfermedades más graves.

Ahora miles de demandas jurídicas se han presentado en Estados Unidos contra cuatro grandes empresas, por entender que son responsables de las consecuencias del consumo de medicamentos adictivos, objeto de fuertes campañas de publicidad. El 21 de julio, la fiscal general del Estado de Nueva York anunció que esas empresas proponen un acuerdo procesal que supondría el desembolso de 26.000 millones de dólares. Permitiría a los Estados y autoridades competentes pagar los costosos tratamientos derivados del consumo de opiáceos. De momento, aceptan el pacto varios Estados, además de Nueva York.

Todo esto coincide con un momento histórico en que crecen los Estados que, paradójicamente, despenalizan el consumo de estupefacientes, hasta ahora ilegales. Tal vez tengan que producirse hechos dramáticos, para que los políticos adviertan la dimensión del problema, como ha sucedido en los Países Bajos a raíz de la tentativa de asesinato de Peter de Vries, periodista de investigación especializado en el crimen organizado: el gobierno reformará su política sobre drogas y, en concreto, el reconocimiento de los coffee-shops y el consumo de cannabis; el permisivismo ha facilitado la expansión del narcotráfico, hasta el punto de que Holanda se ha convertido en el epicentro europeo de las drogas de síntesis.

Al menos, los políticos americanos deberían sopesar las causas del fenómeno, concomitante con otros, como el decrecimiento de la natalidad y de la esperanza de vida, signo hasta ahora de progreso ciudadano: había ido aumentando año tras año, hasta que se  estabilizó en 2014, y comenzó a declinar en 2017 (76,1 para los varones y 81,1 para las mujeres), sobre todo, por la crisis de los opiáceos. Ahora, sumada a la pandemia, queda en 74,5 y 80,2.

Desde luego, en materia de drogas, la experiencia muestra que no basta con poner trabas a la oferta: lucha policial contra el narcotráfico, regulación restrictiva de la prescripción médica de analgésicos fuertes. Parece preciso acentuar la prevención. Y también el cuidado facultativo de quienes necesitan especial asistencia contra el dolor. Un informe reciente refleja que en el mundo se dedican más de cien mil millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico por las fuerzas de seguridad, mientras que sólo 170 millones a programas sanitarios y sociales de reducción de riesgos.

Realmente, Estados Unidos parece necesitar un “despertar” que enlace con los grandes valores éticos de esa gran nación: un redescubrimiento del sentido auténtico de la libertad, fortalecida –no negada- por el pluralismo y el respeto de las minorías.

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