Opinión

La pandemia debería fomentar la ética pública, no la partitocracia

Europa.
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Carecemos de datos demoscópicos sólidos sobre la valoración ética de las consecuencias sociales de la pandemia. Disponemos sólo de observaciones personales y opiniones publicadas con mayor o menor fundamento. Pero sigo esperando que este mal contribuya a revivir la tensión hacia el bien común, desvirtuada en tantos países democráticos por exceso de partitocracia.

No me propongo hablar de política, sino de ética. En concreto, de reiterar la importancia de la llamada ética de los procedimientos, con su amplia versión jurídica en el conjunto de leyes y costumbres que configuran el estado de derecho, comenzando por la famosa pirámide normativa kelseniana: la jerarquía de las fuentes del derecho, indispensable para la justicia auténtica y para la seguridad jurídica.

Sin trasladarse a los debates electorales de Estados Unidos –menos aún ahora que el presidente Trump está hospitalizado-, forzoso es reconocer el incremento de la hipocresía y el cinismo en dirigentes públicos. Están llegando a cotas que parecían inalcanzables después de lo vivido en los años ochenta. Por eso doy mi bienvenida al informe de la Comisión de Bruselas sobre el estado de derecho en la Unión Europea.

Sólo he consultado por ahora los comunicados de prensa oficiales. Me parecen suficientes para subrayar objetivos y contrastes. Algunos diarios apuntan con el dedo a Polonia y Hungría. Pero Gran Bretaña, Francia o Italia no carecen hoy de problemas serios. Los de España parecen menos graves por la clásica apatía de la sociedad civil –y su mentalidad de corte inquisitorial, que concede más verosimilitud a la acusación que a la presunción de inocencia-, mientras no se toquen intereses privados concretos. Pero lo son: basta pensar en los miles de páginas dedicadas por los boletines oficiales de Estado y comunidades autónomas a nombrar o sustituir a centenares de cargos públicos que deberían estar profesionalizados.

El informe europeo se centra en cuatro pilares: administración de justicia, leyes anticorrupción, libertad y pluralismo en la comunicación, y otras cuestiones sobre los controles y equilibrios esenciales en un régimen democrático. Como ha declarado la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, “el Estado de Derecho y nuestros valores compartidos constituyen el fundamento de nuestras sociedades. Forman parte de nuestra identidad común como europeos. El Estado de Derecho protege a las personas frente a la ley del más fuerte. Si bien nuestras normas son muy rigurosas en materia de Estado de Derecho en la UE, también nos enfrentamos a dificultades diversas. La Comisión Europea seguirá colaborando con las autoridades nacionales para encontrar soluciones que garanticen los derechos y libertades de las personas en el día a día”.

La clave no está tanto en los ordenamientos positivos, como en los valores compartidos, en la identidad común. Y aquí sí todos hemos de examinar nuestro nivel de cultura y ética democráticas, más allá de las estrictas garantías jurídicas: olvido de viejos rencores, capacidad de escucha, aceptación de la crítica, facilidad de cambios sin inercias agarrotadas, diligencia en rectificar los errores, y tantos aspectos más.

Por ejemplo, sobre independencia judicial, describe Bruselas: “Varios Estados miembros están llevando a cabo reformas para reforzar la independencia judicial y están reduciendo la influencia del poder ejecutivo o legislativo en el poder judicial, también en los Estados miembros en los que tradicionalmente se ha considerado que la independencia judicial era alta o incluso muy alta. Las evaluaciones específicas por país indican que la independencia judicial sigue siendo motivo de preocupación en algunos Estados miembros, lo que ha llevado a la Comisión en algunos casos a incoar procedimientos de infracción o del artículo 7, apartado 1”.

Francia no está ahí, aunque tiene pendiente de cumplir una sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre los fiscales de la República porque, en el fondo, exige reformar la Constitución. Pero podría entrar pronto España, porque se está cumpliendo casi a la letra el temor de politización que señaló el Tribunal Constitucional al aprobar la reforma del Consejo del Poder Judicial que introdujo la mayoría parlamentaria en 1985. Era más libre e independiente lo diseñado en la Transición.

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