Opinión

Los jueces defienden la libertad religiosa en Estados Unidos y en Francia

Amy Coney Barrett junto a Donald Trump. Vídeo de la Casa Blanca.
photo_camera Amy Coney Barrett junto a Donald Trump. Vídeo de la Casa Blanca.

Siento repetirme. Pero me preocupa mucho el retroceso de las libertades políticas y el declive del estado de derecho. La llamada ética de los procedimientos, mal que les pese a los fundamentalistas de todo género, resulta quizá prioritaria hoy en el mundo. Sin hipocresías ni embudos, como los de la Eurocámara, que no para de hablar de los derechos humanos en el mundo, pero está ciega a la decadencia en el propio continente, y no sólo en Hungría o Polonia: tampoco estamos finos los países del Mediterráneo.

En las democracias, los jueces siguen siendo guardianes de los derechos humanos. Pero no deja de ser penoso que sea preciso acudir demasiadas veces a las instancias jurisdiccionales ante la tendencia autocrática de tantos gobernantes occidentales. Con el inconveniente de que, cuando llega la sentencia, los juzgadores se ven forzados más de lo deseable a reconocer que el proceso no tiene ya objeto, porque han cambiado las circunstancias o las leyes.

Entre las libertades más amenazadas en el mundo están las que afectan a la religión. No es cosa sólo de las repúblicas islámicas, de China o la India o de algunos países africanos. Aflora también, aun con el pretexto de la pandemia, en Italia, Francia o Estados Unidos.

En esta última nación, el Tribunal Supremo acaba de votar a favor de la demanda del grupo judío ortodoxo Agudath Israel of America y la diócesis católica de Brooklyn, contra los límites a la asistencia a servicios religiosos establecida por el estado de Nueva York: una auténtica victoria de la libertad de culto, contra un gobernador demócrata, Andrew Como. Aunque pudiera parecer ilógico, los ataques a los cristianos suelen proceder del partido que se presenta como defensor de toda minoría.

El Tribunal Supremo se declara no competente para valorar las decisiones de carácter médico establecidas para evitar contagios. Pero sí para juzgar las desigualdades manifiestas de criterios en una misma zona de riesgo: así se deduce cuando en un barrio “rojo” o “naranja” se permiten sólo 10 ó 25 personas a la vez con independencia de la capacidad del lugar de culto, mientras actividades comerciales consideradas esenciales no tienen límites o se les aplican otros más amplios.

El ponente, Neil Gorsuch, considera que la constitución no se puede sortear ni siquiera en una pandemia: las restricciones gubernamentales vienen a prohibir de hecho que muchos asistan a servicios religiosas: “golpean el corazón mismo de la garantía de libertad religiosa de la Primera Enmienda”. Por otra parte, entiende que es arbitrario señalar como esenciales negocios relativos a ropa, bebida o viajes, “mientras que ejercicios religiosos tradicionales no lo son. Ese es exactamente el tipo de discriminación que prohíbe la Primera Enmienda".

El presidente del Tribunal John Roberts, incluido habitualmente entre los conservadores, votó en contra de la posición mayoritaria, porque las medidas cautelares no son ya necesarias, al no estar ya en zona limitada los edificios religiosos de los demandantes. Pero admite que las restricciones pueden violar la cláusula constitucional del libre ejercicio de la religión. Los otros tres disidentes, Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, consideran que la gravedad del covid-19 justifica las medidas. La nueva juez, Amy Coney Barrett ha sido fiel a sus antiguos principios en favor de la libertad religiosa. En casos anteriores, planteados en California, Kentucky y Nevada –con gobernador demócrata también-, se admitieron las restricciones porque eran menos severas y se aplicaban prácticamente por igual a entidades o empresas seculares.

No parece el caso del presidente francés. Su gobierno se empeñó en imponer el límite de treinta fieles en misa, incluso si se trataba de catedrales, con capacidad para más de mil... La prohibición absoluta había contado en su día con un criticado refrendo del Consejo de Estado, la más alta jurisdicción contencioso-administrativa. Eran momentos críticos de la pandemia.

Los obispos no renuncian a la celebración eucarística, y no están conformes con una migaja insólita, después de haber propuesto a las autoridades civiles una medida cautelar prudente: distancia de cuatro metros entre fieles, hasta un tercio de la capacidad total de cada templo; por eso, presentaron ante el Consejo de Estado la demanda urgente (“référés-liberté”) prevista para fragrantes violaciones de los derechos constitucionales.

En este contexto, no fue nada oportuna la afirmación del primer ministro Jean Castex: “los lugares de culto son lugares de contaminación”. Para el arzobispo de París, Michel Aupetit, la medida es ridícula: contradice todo sentido común, porque no se entiende que lo permitido a las grandes superficies se prohíba a la Iglesia. Como argumentó el abogado, en la Fnac de Ternes (París), un cartel permite la presencia de 604 personas en un local, manifiestamente más pequeño que la conocida iglesia de san Sulpicio: la discriminación salta a la vista. Y, en el plano de los creyentes, Aupetit recuerda la antigua escena de los mártires cristianos de Abitinia (en actual Túnez), revivida por Benedicto XVI al comienzo de su pontificado, al clausurar el congreso eucarístico de Bari: Sine dominico non possumus.

Se comprende que el Consejo de Estado haya rechazado esas restricciones a las celebraciones religiosas. En una decisión hecha pública la mañana del domingo 29, el juez que conoce las urgencias las ha considerado desproporcionadas. Y da un plazo de tres días al gobierno para que establezca un dispositivo más conforme con la libertad de culto.

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