La jerarquía católica podría apoyar más la responsabilidad educativa de los padres
Mis amigos conocen mi obsesión a favor de la libertad personal y en contra del fideísmo, la gran herejía oculta en la infrahistoria del catolicismo en España. Me parece tan profunda –puedo estar equivocado- que parece normal, como trato de explicar en este breve artículo, que Estado e Iglesia se ocupen de la educación, marginando a los padres de familia. Uso adrede dos términos de cuño fideísta: Estado en vez de gobernantes; Iglesia en vez de jerarquía eclesiástica.
La educación es, sin duda, uno de los elementos fundamentales del desarrollo de los pueblos, pero no puede reducirse a un mero servicio público, porque está en juego la libre formación de la personalidad de los ciudadanos. En cualquier caso, resulta prioritario el derecho de los padres a la educación de los hijos; no se les puede despojar de ese derecho –aun con su cómoda connivencia-, como sucede en sistemas típicamente tiránicos, y en países teóricamente amantes de las libertades. Importa mucho subrayarlo, cuando la comisión de Bruselas está tan preocupada por el estado de derecho en la Unión Europea.
Francia acaba de adoptar una ley promovida por Emmanuel Macron para consolidar el espíritu republicano en contra del “separatismo”: un término ambiguo en castellano, porque no se trata de la secesión de parcelas territoriales, sino del rechazo de los valores constitucionales por parte de comunidades basadas en otros principios, como puede suceder con las musulmanas del país vecino. En el fondo, las restricciones que introducen las normas recién sancionadas por el presidente de la República repercuten negativamente en la libertad religiosa de todos los ciudadanos, no sólo los mahometanos, y muy particularmente en la posibilidad de que los padres cumplan en su propio hogar el deber de la enseñanza obligatoria.
Esta posibilidad fue desechada jurídicamente hace tiempo en España, sin que se haya abordado a fondo –salvo error por mi parte- la constitucionalidad de unos preceptos que niegan derechos reconocidos en el artículo 27 de la carta magna vigente.
El líder húngaro Viktor Orban está en la picota desde hace unos meses por la promulgación de una ley que limita la presencia no profesional del colectivo gay en el sistema educativo. Está por ver si Bruselas y Estrasburgo acabarán adoptando sanciones económicas. Pero la defensa de las autoridades magiares insiste en que esa ley protege contra la pedofilia y defiende el derecho-deber de los padres respecto de la educación de los hijos. No me parece conforme con la tradición europea esa posible expropiación jurídica, defendida en términos radicales por la anterior ministra de educación española.
Me ha hecho gracia la –no es errata- coherente contradicción del ministerio Celaá, al dirigirse a la Comisión de peticiones del parlamento europeo, que había recibido una petición relativa al bilingüismo en las escuelas catalanas. El argumento principal, según leo en El Magisterio Español, es que la política lingüística no es competencia del Estado, sino de las administraciones educativas. Se distingue entre lenguas oficiales y lenguas no oficiales que gocen de protección legal. Pero se olvida lo esencial, implícito en la clásica expresión lengua materna.
Y se olvida también, por algunas autoridades eclesiásticas, que los primeros educadores, también en la fe, son los padres. Cuando se aplican –con o sin fundamento canónico y con excesivo “perfeccionismo”- tantas restricciones al bautismo, a la confirmación, a las primeras comuniones, se puede acabar apartándoles en la práctica del cumplimiento de un deber nativo. Por mucho que, durante siglos, los fieles hayan desconocido o renunciado a sus derechos. Pero la enseñanza del último Concilio vaticano me parece muy clara, aunque se defina en dialéctica frente a las autoridades civiles: “hay que salvaguardar el derecho de los padres a procrear y a educar en el seno de la familia a sus hijos” (Gaudium et Spes 51). También las autoridades eclesiásticas deben respetar de veras ese derecho.
