Opinión

Cuando médicos de los Países Bajos piden revisar la ley de eutanasia

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La sorprendente introducción de la eutanasia en la actual campaña electoral denota, a mi entender, una frivolidad digna de ser estudiada por los expertos. Dicen que algunas enfermedades seniles provocan la pérdida de memoria de lo inmediato, mientras se recuerdan con lucidez sucesos antiguos.

Mucho antes de 2004, cuando se pronunciaron solemnes promesas de legalizar la eutanasia, se habían celebrado numerosas audiciones en el Senado y más de un debate en el Congreso, que mostraron la prioridad del derecho a la vida; a la vez, quedó clara la oportunidad de seguir fomentando la llamada autonomía del paciente, que lleva consigo respetar su deseo de no agobiarle con cuidados médicos tan excesivos que hacen peor el remedio que la enfermedad: el llamado encarnizamiento terapéutico. Así se establece ya en documentos jurídicos estatales o de comunidades autónomas.

Hablar de eutanasia supone, a mi entender, lanzar una cortina de humo sobre el gran problema de España –en conjunto, de Europa-: el progresivo envejecimiento de la población, por el invierno demográfico, unido al positivo aumento de la esperanza de vida. La cuestión grave, cada vez más acuciante, no es ayudar a morir, sino cómo cuidar a los mayores, especialmente cuando dejan de ser independientes.

No ignoro que en algún país se ha legalizado la eutanasia de menores, como Bélgica. De ahí que desde hace tiempo se celebre cada año una Marcha por la vida en Bruselas. En la última, hace unos días, ante la proximidad de las elecciones europeas, los participantes querían interpelar a sus candidatos a la Eurocámara sobre temas bioéticos y, concretamente, sobre la importancia de tener en cuenta el crecimiento de la vulnerabilidad humana, a pesar del progreso científico y económico. Este problema, como señalaba la portavoz de los organizadores de la marcha, agrava particularmente la soledad de tantas mujeres ante la magnitud de los sufrimientos.

Aparte de razones éticas, la eutanasia no resuelve nada. Hace poco más de un mes leía el resumen de un escalofriante informe sobre los Países Bajos: en Bélgica, los 2.357 casos de 2018 suponen un aumento del 247% respecto de 2010. Además, la “muerte dulce” afecta sin control a los más débiles, como personas con demencia y pacientes psiquiátricos. No llega a los extremos de Holanda, con 6.585 muertes en 2017. Pero, aun así, afecta a la cuarta parte de los fallecimientos. El problema radica en el déficit sanitario que padece la inmensa mayoría, necesitada de ayuda para vivir con dignidad. Además, se confirma la existencia de una “pendiente resbaladiza”: cuando se legaliza la muerte asistida, no deja de crecer, con la progresiva desintegración de la relación de confianza médico-paciente, que lleva a recursos planteado al Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo.

De modo semejante a lo sucedido con la pena de muerte, la oposición a la eutanasia se apoya cada vez más en casos descritos en la literatura científica que muestran errores -al menos dudas razonables-, cuando se aplica a personas con discapacidad mental o enfermedades psíquicas. La medicina debería intentar curar la depresión, antes de atender los ruegos de personas inestables o que han perdido el sentido objetivo de las cosas.

Una petición para la revisión de la eutanasia por sufrimiento psíquico (Rebel es el acrónimo en inglés) fue firmada por 253 médicos belgas: quieren que se refuercen los criterios para el diagnóstico del sufrimiento psíquico y se establezca la exigencia de que una comisión juzgue cada caso de antemano; sería el mal menor a su deseo de eliminar el sufrimiento psíquico insoportable y sin esperanza como criterio para la eutanasia. Estas preocupaciones aparecieron en un editorial del New England Journal of Medicine, avalado por el psiquiatra Joris Vandenberghe, del Centro Psiquiátrico Universitario de Lovaina. También otro científico, Paul Appelbaum, director del Center for Research on the Social Implications of Psychiatric, Neurological and Behavioral Genetics de la Universidad de Columbia en Nueva York, escribió en esa revista que “el deseo de morir puede ser un síntoma de la enfermedad en sí, agravado por el aislamiento social y la desmoralización”.

Salvo cambios inesperados al terminar el gran debate nacional lanzado por Macron, el fin de la vida no entrará en el proyecto de ley bioética que el gobierno de Francia debe presentar a las cámaras parlamentarias. Seguirá vigente la ponderada ley Claeys-Leonetti, de 2016.

Y en Alemania, el Tribunal Supremo federal acaba de rechazar el recurso de un hombre que exigía daños y perjuicios al médico que había mantenido con alimentación artificial durante cinco años a su padre, con demencia senil. La Corte entiende que la supervivencia conseguida con esa alimentación “contrasta con el estado que se habría producido en caso de suspender la dieta: la muerte”. Para el derecho alemán, la vida nunca es un “daño”.

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