Opinión

Cómo vota el Tribunal Supremo de EEUU en casos relacionados con la religión

Jack Phillips, el pastelero cristiano.
photo_camera Jack Phillips, el pastelero cristiano.

A pesar de estar ya vacunado contra el covid, mantengo las medidas de cautela con paz y sosiego. Pero sigo preocupado por la terrible letalidad que puede llegar de Brasil o la India, y por el avance de otros virus “intelectuales” que afectan seriamente al estado de derecho y a libertades fundamentales, como la religiosa.

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El último día de abril, Le Monde resume el informe 2021 de la fundación Ayuda a la Iglesia necesitada: la libertad religiosa disminuye en el mundo, y afecta a todas las confesiones; las amenazas se confirman en uno de cada tres países del mundo (uno de cada cinco hace tres años). Los datos sobre 196 naciones del planeta coinciden con los específicos de una antigua asociación francesa, L’Œuvre d’Orient: la situación de los cristianos orientales sigue siendo muy preocupante, a pesar de avances positivos por la postura de líderes religiosos en favor de la paz, y las visitas del papa Francisco a la región.

Para AIN la situación es dramática, por la violencia, en la República Democrática del Congo, Somalia, Libia y los estados del Sahel. No existe libertad en Arabia Saudí o Corea del Norte, y esta limitadísima en Pakistán y China. La India evoluciona también muy negativamente desde 2014, con la llegada al poder del BJP (partido popular de la India): se llega a expulsar a cristianos y musulmanes de sus casas.

El informe no se basa sólo en sus propias fuentes. Utiliza también investigaciones académicas y documentos de entidades como el conocido Pew Research Center de EEUU sobre las instituciones y los derechos humanos. Por paradoja, tras la victoria de Joe Biden, la esperada vuelta a la normalidad democrática está suscitando nuevas inquietudes, al promover textos normativos que volverían a convertir en discriminaciones jurídicas federales o estatales las presiones de grupos minoritarios.

La sociedad estadounidense –si responde plenamente a la realidad la imagen que proyectan los medios de comunicación- estaría muy dividida ante grandes cuestiones intelectuales y éticas, frente a tradiciones vividas pacíficamente incluso desde antes de la independencia. De ahí el número y la importancia de los casos que llegan al Tribunal Supremo. Y de ahí el interés de valorar el voto de los actuales jueces, que no coincide necesariamente con estereotipos. Desde luego, en modo alguno justifica la supuesta pretensión del partido demócrata de ampliar el número de jueces, para compensar la actual mayoría “conservadora” tras los nombramientos realizados durante el mandato de Donald Trump. 

En realidad, según estudios académicos recientes, los abogados de la libertad religiosa han ganado el 81% de las apelaciones en los 16 años de presidencia de John Roberts. Antes, el porcentaje solía rondar el 50%. La diferencia se anota en el haber de Roberts y de otros cuatro jueces: Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Pero se olvida que no siempre el propio Roberts se ha unido a la mayoría, ni que casi nunca han sido sólo ellos los votantes: en nueve de trece casos calificados como victoria de los “conservadores”, contaron con la unanimidad de los “liberales” o, al menos con  dos votos más, que suelen ser los de Elena Kagan y Stephen Breyer (7-2).

Las diferencias surgen cuando la primera enmienda entra en conflicto con otros derechos o intereses más sensibles para los radicales, como homosexualidad, anticoncepción o salud pública. En los debates, más allá de las estrictas cuestiones jurídicas, afloran muestras de una hostilidad hacia el cristianismos impensable en los Estados Unidos de unas décadas atrás. Y se trasladan al ordenamiento jurídico técnicas propias de la comunicación ideológica: se intenta presentar a los defensores de la libertad religiosa (desde el pastelero de Colorado a las Hermanitas de los Pobres) como enemigos de los derechos civiles. Cuando, en realidad, como se ha comprobado en bastantes ocasiones, son los creyentes quienes tienen que acudir al Supremo porque sufren una hostilidad que cuaja en discriminaciones jurídicas incompatible con la Constitución de EEUU. Al cabo, el ejercicio personal y colectivo de la libertad religiosa es un derecho fundamental de todos, sean minoría o mayoría.

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