Las autoridades religiosas francesas frente al suicidio asistido y la eutanasia
Francia sigue con lógica atención los debates en la prensa y en el parlamento, en torno a la reforma de la ley Leonetti, de 22 de abril de 2005, sobre el final de la vida. Después de la promesa hecha en campaña por el hoy presidente de la República, tras los dictámenes prudentes de los órganos consultivos, así como de la organización médica colegial y la Academia de Medicina, planteó a dos diputados que elaborasen un proyecto de consenso: Alain Claeys (PS) y Jean Leonetti (UMP).
Así lo hicieron, pero parte de la izquierda del socialismo francés, así como radicales y Verdes, presentaron enmiendas favorables a legalizar el suicidio médicamente asistido y la eutanasia en sentido estricto. Fueron rechazadas el pasado miércoles por unos veinte votos de diferencia.
Antes, en enero, la Asamblea no dio luz verde a una proposición legislativa en esa línea planteada por los ecologistas, una manifestación más de la incoherencia de supuestos defensores de la naturaleza y el medio ambiente. La propia ministra de sanidad, Marisol Touraine, defendió la propuesta consensuada, en contra de criterios personales precedentes, en nombre de los deseos reales de la sociedad francesa, aunque dejó abierta una puerta de futuro.
Ese riesgo de evolución –que implantaría el “derecho” a morir, después de haber consagrado el relativo al aborto‑, además de la literalidad de las enmiendas radicales al proyecto, movió a los responsables de las principales religiones a elaborar un documento conjunto, firmado por Philippe Barbarin (cardenal arzobispo de Lyon), François Clavairoly (presidente de la Federación protestante de Francia), monseñor Emmanuel (presidente de la Asamblea de obispos ortodoxos), Haïm Korsia (gran rabino de Francia) y Mohammed Moussaoui (presidente de la Unión de mezquitas): su tesis principal es que el ordenamiento jurídico debe mantener la prohibición de dar muerte a otro.
Los representantes de las tres grandes religiones monoteístas consideran que la búsqueda de soluciones a los nuevos problemas sociales debe discurrir por el camino de “un debate sereno, democrático y respetuoso de la persona humana y de su dignidad”. Temen que una crispación sobre el final de la vida añada confusión a la serie de crisis políticas, económicas, financieras y morales de los últimos tiempos.
Recuerdan que, hace poco menos de diez años, el voto unánime parlamentario de la ley Leonetti refrendó que “nada podrá nunca justificar el derecho de dar la muerte a una persona humana”: “ni su salud, ni su inconsciencia, ni su extrema vulnerabilidad, ni siquiera su deseo de morir”. Esa norma confirmaba un doble criterio en el ordenamiento jurídico: la exclusión del llamado encarnizamiento terapéutico y el rechazo de la eutanasia, prohibida por lo demás en casi todos los países del mundo.
“Toda vida humana debe ser respetada especialmente cuando es más frágil”. Piden que la futura ley civil sea civilizadora, es decir, que “ayude a vivir y morir, sin acortar la vida, sin autorizar nunca la decisión de dar la muerte”. Debería ser fruto de “un amplio consenso en torno a principios claros, persuadidos de que el meno equívoco en este campo generará, con el tiempo, la muerte de un sinnúmero de personas indefensas”.
Ese riesgo se asocia al posible abuso de la sedación del paciente que sufre. Puede ser útil o necesaria, pero se desnaturaliza cuando no pretende sólo aliviar los dolores, sino provocar la muerte. Se convierte en un acto de eutanasia. “Cuando se trata de la vida y la muerte, la conciencia humana no puede estar tranquila si se juega con las palabras. La propia democracia sufre por la manipulación de conceptos tan sensibles”.
De momento, la Asamblea Nacional ha rechazado la ayuda activa para morir. Los dos ponentes habían advertido que retirarían el proyecto si era modificado de manera sustancial. Leonetti insiste en que la sedación a pacientes con una enfermedad grave e incurable ‑en los términos tipificados por la ley‑ no es puerta abierta a la eutanasia o a la asistencia al suicidio, que suscita reservas, especialmente por la referencia de la ministra a la nueva ley sólo como etapa de un proceso.
El futuro dependerá de que prevalezca el individualismo –la voluntad del enfermo‑ sobre las exigencias globales recordadas por las autoridades religiosas: las normas sobre la vida y la muerte son un gran reto “para la solidaridad entre las generaciones, para la confianza entre los cuidadores y los cuidados y, más profundamente, para servir a la grandeza de la medicina, el espíritu civilizador y los principios humanitarios”.
