Opinión

Se abre en Francia un gran debate sobre bioética

Los Estados generales de la Francia pre-revolucionaria eran asambleas excepcionales, convocadas por los reyes, y con participación de los tres estamentos: clero, nobleza y, simplificando, burguesía. Mi generación supo de la existencia de esa antigua institución en el contexto de la revolución de 1789. En la actualidad se utiliza el término cada vez que se abre algún gran debate público sobre cuestiones que afectan al conjunto de la nación.

Así sucede ahora con los estados generales sobre bioética, lanzados por el comité consultivo nacional de ética para las ciencias de la vida y de la salud, pues la vigente ley prevé su revisión parlamentaria en 2018. A lo largo de seis meses, se celebrarán en todo el país reuniones y debates, con participación de expertos y ciudadanos. Las conclusiones y enfoques de esas actividades permitirán al comité elaborar sus propuestas al ejecutivo, para la elaboración de posibles reformas legislativas, que se someterán a la Asamblea Nacional y al Senado.

Realmente, salvo algunas ligerezas e improvisaciones durante el mandato de François Hollande en materia de derecho de familia –aunque no tanto como la de Angela Merkel poco antes de las últimas elecciones-, el ordenamiento jurídico francés se ha caracterizado por un ponderado y serio rigor. No siempre han salido adelante promesas electorales simplistas, justamente por el trabajo del Comité nacional de ética y las diversas instituciones independientes. Se comprobó en el extenso proceso de elaboración de la última ley sobre el fin de la vida, que lleva el nombre de sus dos relatores: ley Claeys-Leonetti, el primero, socialista; el segundo, conservador.

A diferencia de lo que ocurre en otros países o regiones –basta pensar en Madrid o Andalucía-, en Francia se producen grandes debates sociales antes de la promulgación de leyes que afectan a la dignidad y libertad de la persona. Ahora, esa capacidad proverbial de discusión se ve favorecida con el impulso directo del ejecutivo, aunque el comité de ética trabaja con independencia. Ha mostrado, con decisiones prudentes, que no todo lo que es posible por el avance de la biología o la medicina, resulta compatible con la dignidad humana ni, por tanto, es auténtico progreso.

Así sucede con la fecundación heteróloga, reservada en Francia a las parejas heterosexuales infértiles. Aparte del reembolso por la seguridad social de unos gastos médicos cada vez más difíciles de sostener, el problema está unido a la cuestión del anonimato en la donación de gametos, frente al derecho de los nacidos a conocer su origen. No deja de plantear serios dilemas de difícil solución, también desde el plano de la salud mental de los hijos: nada menos que tres largos artículos de expertos publicaba Le Monde en su edición del pasado día 20. Da la impresión de que la secretaria de estado para la igualdad se ha precipitado al afirmar una especie de derecho universal de toda mujer a la procreación, reflejo jurídico del deseo de ser madre.

También se debatirá, en el contexto de la maternidad médicamente asistida, la expansión del diagnóstico preimplantatorio, sometido a condiciones muy estrictas desde 2004. Muchos temen que la detección de anomalías cromosómicas y genéticas previas –como la intervención curativa sobre el genoma- conduzca hacia una peligrosa eugenesia, amparada en el concepto de la medicina predictiva.

Más apasionante aún se presenta el debate sobre la maternidad subrogada. El primer manifiesto favorable ha dado lugar a una viva reacción de quienes promovieron hace dos años la campaña pro abolición universal de la gestación para otros, en la línea de la convención internacional contra la esclavitud. Siguen considerando inadmisible la utilización y mercantilización del cuerpo femenino. De hecho, y a diferencia del problema anterior, la oposición social a esta práctica sigue siendo socialmente fuerte.

Se espera una alta participación en el proceso, que se realizará a través de foros éticos regionales. Se tratarán también temas como el cuidado de ancianos y minusválidos, la donación de órganos, las neurociencias y la inteligencia artificial. Además, el Comité ha programado un centenar de audiencias directas a personalidades y asociaciones científicas. Por su parte, el presidente Macron prometió el 4 de enero a los representantes de las seis grandes confesiones religiosas implantadas en Francia que se tendría en cuenta su voz. Como también la de las Academias y, por supuesto, del Consejo de Estado. Con los diversos dictámenes consultivos, el gobierno preparará un proyecto de ley que llevará en otoño al parlamento.

A pesar de que ha comenzado ya la guerra de manifiestos y anti-manifiestos, existe gran confianza en el mantenimiento del rigor en estas cuestiones, más aún en este 2018 en que se cumplen 21 años del conocido Convenio de Oviedo: bajo la égida del Consejo de Europa, sentó las bases de la protección de los derechos humanos y la dignidad de la persona respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina.




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