Obama causa un serio conflicto con la Iglesia

Pero las autoridades eclesiásticas están muy disgustadas. Su oposición nada tiene que ver con gastos, ni cuestiones políticas, sino con una elemental exigencia de libertad. De hecho, la Conferencia episcopal de EEUU defendió la reforma sanitaria por entender que ofrecía cobertura sanitaria a bajo coste a familias que no podían permitírsela. Pero están dispuestas ahora a no cesar en la batalla contra la obligación impuesta a asociaciones y grupos religiosos, porque la consideran un "ataque sin precedentes" a la libertad religiosa: en la historia de los Estados Unidos, nunca la Administración estableció normas obligatorias en temas de conciencia, de acuerdo con la tantas veces citada primera enmienda de la Constitución.

Recuerdo bien y he utilizado con frecuencia el título de un espléndido artículo de Cesare Cavalleri, director de Studi Cattolici, de Milán. Lo publicó en 1975, y no necesita traducción: il clericalismo è duro a morire. No dejo de oponerme, con la máxima amabilidad posible –a veces, más en privado que en público‑, contra cualquier intento de servirse de la religión en la esfera política y profesional o, en general, en el campo de la cultura.

Desde ese anticlericalismo positivo, que san Josemaría Escrivá difundía enérgicamente por amor a la Iglesia y al sacerdocio, pienso que es justo también cerrar el paso al nuevo cesaropapismo que se introduce con relativa fuerza en el mundo occidental. Parecía cosa de Teodosio hasta las Investiduras, con prolongación en el más reciente Josefinismo centroeuropeo o en el ateísmo militante de la URSS. Pero renació con fuerza a finales del siglo XX, sobre todo, desde cierto fundamentalismo laicista. Basta pensar en la obsesión de los últimos presidentes de Francia, Chirac y Sarkozy, en materia de laicidad, que Hollande promete reiterar aun con orientacion distinta.

Pues sí: Barack Obama está resultando cesaropapista. Lo expresaba con claridad el pasado 23 de mayo en The Washington Post el arzobispo católico local, Donald Wuerl: "lo que ha llevado a la archidiócesis de Washington a acudir a los tribunales es proteger nuestro derecho, previsto en la Primera Enmienda, de practicar la religión sin interferencia del gobierno". Y lo recuerda en el mismo diario John Garvey, presidente de la Universidad Católica de América y ex decano de la Facultad de Derecho de Boston College: sería como obligar a los testigos de Jehová a saludar a la bandera, o hacer la guerra a los cuáqueros, o imponer el consumo de carne de cerdo a los judíos. Por eso, su Universidad se unió a los otros 42 firmantes de la querella contra la Administración de Obama.

Garvey recuerda que la metáfora sobre "la construcción de un muro de separación entre iglesia y estado", atribuida a Thomas Jefferson, procede en realidad de Roger Williams, fundador de la colonia de Rhode Island, basada en el principio de la tolerancia religiosa, en 1644. Sus razones a favor de la separación eran diferentes a las de Jefferson. Éste, hombre de la Ilustración, pensaba que la religión era mala para el Estado. Williams, en cambio, pensaba que la mezcolanza entre Iglesia y Estado sería perjudicial para la Iglesia.

En cualquier caso, repugna a quienes luchan contra Obama que la Administración pública se permita definir qué es un "empleador religioso", al que concede determinadas exenciones. Esto le lleva a estrechar unilateralmente ese campo, al que no pertenecerían ya actividades clásicas como los servicios sociales de Catholic Charities (Caritas), o las Hermanitas de los Pobres, que cuidan de los ancianos con independencia de su religión, o las escuelas secundarias católicas, que admiten a estudiantes de todas las creencias. En definitiva, se excluye del ámbito religioso, por mandato público, lo que, en la esfera católica, forma parte desde siempre de las "obras de misericordia". "¿Puede pensar alguien realmente que el trabajo de la Madre Teresa no era religioso?", se pregunta el arzobispo de Washington.

En síntesis, la tesis de las autoridades eclesiásticas es que la Administración no debería empeñarse en definir lo que es propio de una iglesia, y lo que está fuera del ámbito religioso. Como escribía el arzobispo de Washington, "no queremos decir al gobierno lo que debe hacer. Simplemente pedimos eso mismo de ellos".

El Cardenal Timothy M. Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia episcopal, insiste en que han dialogado y tratado de llegar a un acuerdo con el Gobierno, también para hacer aprobar una nueva ley en el Congreso, pero sin llegar a ninguna solución: "No nos damos por vencidos. El tiempo se acaba, y está en juego un derecho fundamental. Por eso hemos recurrido a los tribunales".

 
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