Leyes injustas contra la libertad religiosa en Oriente

El mundo occidental ha respirado tranquilo con la libertad de Rimsha Masih, la niña cristiana detenida en Pakistán tras la acusación de blasfemia por haber quemado algunas páginas del Corán. Pero no deja de ser inquietante que la condicional haya exigido una fianza de medio millón de rupias, unos 4.500 euros: se trata de una menor, aquejada de minusvalía mental. En cualquier país normal, se habría archivado sin más el asunto; y, desde luego, no habría que esconder a la imputada, para evitar un ajusticiamiento popular.

Pero, como señalaba Mobeen Shahid, profesor de pensamiento y religión islámica en la Pontificia Universidad Lateranense, la decisión es positiva: por primera vez se ha conseguido mostrar con evidencia cómo la ley sobre la blasfemia puede ser manipulada a partir de acusaciones falsas. Esto ayuda a la reflexión en marcha sobre posibles modificaciones en los procedimientos de aplicación de esta ley.

Como se sabe, ese tipo de acusación es demasiado frecuente, no sólo contra cristianos, también contra musulmanes. Las reacciones acríticas de policías y jueces invitan a usarla por fuerzas vivas y mafias para conseguir objetivos ilegales, especialmente en materia de propiedad de tierras o de urbanismo.

Por eso, se va imponiendo la convicción de que, antes de aceptar una denuncia de blasfemia, es necesario analizar con rigor los hechos. Además, muchos sugieren que se mantenga aislados a los acusadores, hasta probar el fundamento de su denuncia, para evitar la instigación de reacciones de odio colectivo. En fin, si la acusación se demuestra falsa, incluso los Ulemas aceptan que se castigue a los calumniadores.

Leo en un despacho de Fides la declaración de Inayat Bernard, director adjunto de la revista The Christian View de Lahore: "La nueva conciencia que el caso de Rimsha ha generado en la opinión pública paquistaní es un paso adelante y una oportunidad que no hay que perder, para afirmar en la sociedad paquistaní el respeto de la dignidad humana y de sus derechos. Como comunidad cristiana esperamos que las instituciones, las fuerzas políticas y las comunidades religiosas, a la luz de estas últimas evoluciones, puedan confluir en el común intento común intento de evitar en Pakistán el uso instrumental de la religión".

Un posible precedente, aunque procede de la India, puede ser la sentencia del Tribunal Superior de Himachal Pradesh (en el Norte de esa enorme federación), que ha declarado en parte anticonstitucional la ley anti-conversiones. Los jueces afirman con claridad que una persona tiene derecho a la libertad de conciencia, a profesar una fe, y a modificarla; además, tiene derecho a mantener secretas sus convicciones.

Con esta ocasión, el Consejo Global de Cristianos Indios, aparte de aplaudir la sentencia, recuerda la legalidad de todas las conversiones libres, y solicita al gobierno central y a los estatales la protección de los creyentes que ejercen este derecho. Porque leyes anti-conversión están vigentes en otros Estados de la Federación India, como Orissa, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat y Chhattisgarh. Las más recientes fueron promovidas por el partido nacionalista hindú "Bharatiya Janata Party".

Ciertamente son distintas las normas contra las conversiones que las relativas a la blasfemia. Pero coinciden en negar la libertad religiosa, limitar los derechos de las minorías y sembrar el odio en la sociedad, frente al diálogo interreligioso.

Y nada tiene que ver con la suave protección penal de los ataques radicales a los sentimientos religiosos que se mantiene en muchos códigos europeos. Porque también existen provocadores de conductas poco civilizadas, que chocan con un auténtico espíritu pluralista y democrático. Sería excesivo encerrarles en prisión, pero no se puede admitir la impunidad de quienes violan con desfachatez las libertades ajenas.