Opinión

Muerte a plazos de la escuela concertada

Logo de la Plataforma de la Escuela Concertada.
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Este Gobierno la tiene tomada con la escuela concertada. Y lo está haciendo muy bien (si el mal puede hacerse bien) porque la sociedad, anestesiada por tanta pandemia, no se está dando cuenta. Lo está haciendo muy bien porque se trata de una escalada de acciones tan leves y aparentemente inconexas, que el fallecimiento de la concertada no se producirá de golpe, como el asesinato con quince puñaladas en el torax, sino de manera paulatina, como el que muere envenenado, día a día, año a año, con una cantidad imperceptible de veneno en la comida que hará que parezca un accidente. Y descubrir al asesino es siempre más difícil así.

“Haz que parezca un accidente”, nos explicaba José Amiguet, de la ACdP, en el último Congreso de Católicos y Vida Pública, celebrado justo antes de los tiempos del coronavirus, y dedicado a la necesaria defensa de la libertad de Educación, perseguida sin descanso incluso ahora, en tiempos de coronavirus, e imaginamos que también cuando pasen estos tiempos del coronavirus. Lo que nos mostraba Amiguet era cómo la astucia de los políticos acaba haciendo creer a la sociedad que realmente quería aquello que no quería. Pasó con la Religión: a base de quitarle fuerza en el currículo educativo y poner a los padres entre la espada y la pared, cada vez menos alumnos la fueron demandando y el Gobierno acabó utilizando el argumento de que la sociedad no pedía la asignatura de Religión cuando realmente había conducido a la sociedad por vericuetos tan complejos que favorecía el no solicitarla.

La última cucharadita de veneno contra la concertada ha venido en forma de anuncio –quizá, ojalá, sea una cortina de humo más de las que tanto utiliza este Gobierno con su equipo de marketing político– de una subida del 21% del IVA en educación. Colegios privados y concertados tendrán que aplicar el IVA por sus servicios, hasta ahora exentos de impuestos porque son considerados esenciales. La lógica con la que plantean la medida desde el PSOE y Podemos es tan antigua como la muy superada guerra de clases decimonónica, con esa falsa imagen de “los ricos”, cuando cualquier estadística demuestra que esa radiografía de los padres de la concertada y de buena parte de la educación privada está muy lejos de la realidad. Son padres de clase media que están dispuestos a invertir una parte importante de sus ingresos para garantizar su derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. Son padres de clase media que pagan religiosamente sus impuestos (y con ellos el dinero que les daría derecho a su plaza en la enseñanza pública) pero que no gastan más que una pequeña parte de la educación púbica. Es más, el sistema público de educación no podría soportar un trasvase masivo de alumnos de la privada y concertada a la pública porque no tendría plazas suficientes.

Pero habrá muchos padres que no podrán hacer frente a esa subida de precio, muy alejada de la realidad de los salarios, y tendrán que ceder su legítimo y constitucional derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos por la simple razón de que, de la noche a la mañana el coste habrá subido un 21%. Será un goteo constante de caídas en el número de alumnos. Pero los goteos, por constantes que sean, no son como las puñaladas en el torax, sino como los envenenamientos: la sangría no se percibe de golpe… solo se nota cuando ya es irreversible. Un día, el mismo Gobierno que ha acosado a la concertada y a la privada por las más diversas vías, esgrimirá los datos de usuarios de la concertada, en manifiesta caída, obligados por el estrangulamiento económico, para hacernos creer que la sociedad ya no demanda este tipo de educación, y acabará por convencer a la siguiente generación de que no es un bien necesario. Harán que parezca un accidente, pero es un plan urdido con una finalidad muy clara que no podemos tolerar. No estamos dispuestos a aceptar la muerte a plazos de nuestra libertad.

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