Los obispos y las leyes de Feijóo

Los obispos de Galicia están que no salen de su asombro. Les ha tocado en suerte una Comunidad Autónoma, que gobierna el PP, y que en las últimas semanas ha tomado decisiones dignas de alguna otra formación política de cuyo nombre no me quiero acordar. 

A la medida ya anunciada de rebajar sustancialmente las horas de religión en esa Comunidad Autónoma, en aplicación de la Ley Wert, se ha sumado la primera ley que un gobierno autonómico aprueba con el título de “LEY 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia”.

Y como ésta es materia delicada, conviene distinguir entre las personas que se declaran homosexuales, y que practican la homosexualidad –porque entiendo que hay personas que se declaran homosexuales y no practican la homosexualidad-, y la ideología de género o las prácticas de no pocos lobbies que consideran que el fin justicia los medios. 

No se trata, ni mucho menos, de no afrontar la discriminación en razón de sexo. Faltaría más. La lucha contra la discriminación en razón de sexo es una prioridad para cualquier cristiano. La Iglesia es la primera que se pone al frente para condenar cualquier atisbo de discriminación en esta materia. De lo que se trata es de ese relativismo que equipara lo que por naturaleza, incluso por experiencia, no es equiparable, o que construye sistemas ideológicos, constructos, a partir de concepciones antropológicas no compatibles con el Evangelio, y que están en los procesos previos de positivización jurídica. 

Lo sorprendente de esta ley no es por supuesto el título, ni el beneficio objetivo que puede traer a la dignidad de las personas, sino la vía libre para que, por ejemplo, en los Colegios se enseñen, en igualdad de condiciones con otras formas de vida, algunos principios que sostiene la ideología de género o el pansexualismo dominante y dominador. 

La Ley gallega da un paso más y pone al servicio de la cosmovisión de la ideología de género o de los feminismos más exaltados los mecanismos de la Administración pública, con lo que, ahora, asociaciones múltiples entrarán por la puerta grande de la adquisición de fondos y recursos. 

La pregunta que se hacen no pocos es si una ley de esta naturaleza es necesaria en Galicia. ¿Para quién y por qué se legisla en Galicia y en España en esta época post-zapatero? Y también se preguntan si el PP, en las próximas elecciones Autonómicas, incluirá medidas de esta naturaleza allí donde gobierne.

José Francisco Serrano Oceja 


 
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