El baile de los números de la pederastia en España

Mons. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Mons. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.

El pasado jueves, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente, el obispo secretario general, monseñor García Magán, ofreció los últimos números de la pederastia en España.

Hagamos un repaso de las cifras que ha dado la Conferencia Episcopal hasta ahora.

El obispo secretario de la CEE, monseñor Luis Argüello, dijo en el mes de abril de 2022 que en las 202 oficinas preparadas para la recepción de denuncias de abusos cometidos en el pasado, -60 oficinas de Iglesias diocesanas y 142 oficinas de 121 congregaciones religiosas-, se había recibido información o denuncia sobre 506 casos referidos a los últimos 80 años.

No debemos olvidar que la creación las oficinas es consecuencia del motu proprio del papa Francisco “Vos estis lux mundi”, de 7 de mayo de 2019. Con lo que la mayoría se crearon en el 2020. Alguna en el 2021.

Aclaro también que la fecha de inicio de la contabilidad es 1945 porque es el dato más antiguo que se ha recepcionado una oficina de atención.

En 2022 se han presentado en las oficinas 186 nuevos testimonios relacionados con abusos cometidos entre “1950 y 2022”, según el texto de la nota de prensa. De los 186, 70 han sido comunicados en oficinas diocesanas y 116 en oficinas de congregaciones religiosas.

Con lo que si sumamos 506 y 186, nos da la cifra de 692.

Sin embargo, en el informe que los obispos han entregado al Defensor del Pueblo, según el secretario general de la CEE, aparecían 706 como casos presentados en las oficinas. Datos recibidos en las oficinas, por cierto, llamémosles brutos, sin haberlos investigado, solo presentados. Por lo tanto, sin discriminar.

La diferencia entre 706 y 692 parece ser, aunque no se aclaró con suficiente detalle en esa rueda de prensa, depende de que es una lista viva, en la que van entrando y saliendo los datos, se van añadiendo, se van cribando, etc.

 

Por cierto que las diócesis también le están mandando sus datos al Defensor del Pueblo. O al menos el presidente de la CEE ha exhortado a los obispos a que manden los datos con lo que ahí hay n movimiento nuevo respecto a la colaboración por parte de la CEE.

En relación a los del año 2022, respecto al victimario hay 74 clérigos consagrados, 36 clérigos diocesanos, 49 consagrados no clérigos y 27 laicos. Todos los victimarios son varones. De ellos han fallecido 90, 69 están vivos y no consta su situación en 27 casos.

En relación a las víctimas, 179 eran menores de edad en el momento en que se produjeron los hechos y 7 eran equiparables legalmente a un menor. En la actualidad, 166 víctimas son mayores de edad, 16 son menores de edad y 4 víctimas son equiparables legalmente a menores de edad. Un dato añadido en la rueda de prensa es que las víctimas no son solo hombres, también hay mujeres, en menor proporción.

Una cuestión. En su día, abril 2022, monseñor Argüello dio los datos que estaban en la Congregación para la Doctrina de la fe. Dijo entonces que desde el año 2001 hasta justo final del 2022, esta Congregación tenía en sus manos 220 casos. En el 2021 le habían llegado 14 nuevos, que se han conocido en esa fecha y que no quiere decir que hayan ocurrido ese año.

Otra variable. El diario “El País”, este viernes pasado, en la información sobre la rueda de prensa del jueves, insiste en que el recuento del periódico, “en una base de datos abierta, sobre todos los abusos conocidos en la Iglesia a través de los medios y sentencias, señala en este momento 953 acusados y 1.802 víctimas”.

Además se mantiene el encargo que la CEE le ha hecho al bufete Cremades Calvo-Sotelo, al que la Conferencia Episcopal no le da las cifras para respectar su autonomía.

Quien se las da son las diócesis y las congregaciones religiosas. Esto indica que el despacho de abogados recibirá datos no solo de las denuncias que se han producido en las oficinas sino de los archivos secreto, histórico de la Cancillería de las diócesis y congregaciones y de casos anteriores a la apertura de las oficinas, que puedan estar vivos procesalmente.

Ésa será la diferencia, entiendo, con respecto a los que está dando la Conferencia Episcopal, que también recibe de las diócesis. La pregunta es si la Conferencia Episcopal en algún momento no recibió también los datos de las diócesis y congregaciones de los archivos secreto, histórico de la Cancillería y activos judicialmente. Porque lo que sería curioso es que se estuviera, de una forma u otra, duplicando el trabajo.

O que se volviera al principio y se pensara que el trabajo de Cremades y cía debiera consistir en diseñar y verificar protocolos y modus operandi y no meterse en otros charcos.

No hay que olvidar que el despacho de abogados también tiene su buzón, con lo cual puede haber víctimas que hayan recurrido a ellos directamente.

Cuestión que añade otra pregunta. Es de suponer que puede haber víctimas que hayan acudido, por un lado a las oficinas diocesanas o de congregaciones, por otro al despacho de Cremades, por otro al Defensor del Pueblo, que también tiene su buzón, y por último, o antes de todo, al diario “El País”, o a uno de ellos, o a dos, o a tres... ¿Se cruzarán las listas sabiendo que también rigen los criterios de protección de datos?

En la rueda de prensa del pasado jueves, el obispo secretario dejo claro, aunque en el lenguaje eclesial, que Javier Cremades había ya rectificado sus declaraciones al diario “El País” en la que hablaba de miles de víctimas. Al menos parece que lo rectificó en sede de la Conferencia, según se deduce, donde reconoció que era “un comentario estimativo, que no tenía sustento objetivo”, según dijo monseñor García Magán. Pues andamos bien.

Al final habrá que hacer un buen ejercicio sinóptico. Eso sin meternos en proyecciones, como las de los franceses o algunos alemanes.

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