La Iglesia contra la política de inmigración
Es innegable que el pontificado del Papa Francisco está acentuando la dimensión social de la fe, como una prolongación natural de esa insistencia del Papa en la dimensión vivencial-testimonial.
Esta dimensión social de la fe, que hunde sus raíces en la denominada Doctrina Social de la Iglesia, tiene unas indiscutibles consecuencias políticas, en el sentido de mediáticas, en la medida en que facilita una expresión visible de la presencia de lo cristiano en la historia. Un añadido de impacto que facilita el diálogo con los movimientos sociales emergentes. En la práctica, el Papa está contribuyendo decisivamente, como instancia ética mundial, a dar contenido a lo social y a ejemplificar la dimensión social.
En la Iglesia, se aprende y actúa por imitación. Y esta forma de decir y de hacer del Papa llega hasta los confines de la tierra. En España tenemos dos ejemplos recientes. Uno, el mensaje de la Conferencia Episcopal, fruto de su última Asamblea Plenaria, que ha pasado completamente inadvertido en medio del humo producido por los escándalos de pederastia. El segundo ejemplo, el comunicado de varias instituciones de Iglesia solicitando la retirada inmediata d la disposición sobre expulsiones masivas.
Fijémonos en este segundo. El gobierno del Partido Popular se topa, una vez más, con la Iglesia. Si las concertinas definen la imagen pública de la política inmigratoria del PP, ahora se da de bruces con la dimensión de caridad de una Iglesia difícilmente objeto de deslegitimaciones.
Representantes de Cáritas Española, CONFER, Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y Justicia y Paz se han reunido en Málaga y han elaborado un comunicado en el que expresan su frontal rechazo al Dictamen sobre el Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que pretende legitimar las expulsiones sumarias en la frontera de Ceuta y Melilla.
Las personas que trabajan en estas materias califican esta medida con una dureza singular. Afirman que “a nuestra preocupación por un proyecto de Ley que criminaliza la pobreza y la movilización social, se suma la consternación por la naturaleza de una enmienda que ha sido introducida última hora por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso. Además de compartir las reflexiones de instituciones como el Consejo General de la Abogacía y la inquietud expresada por numerosas entidades y plataformas ante la aprobación del citado Dictamen, queremos hacer público nuestro enérgico rechazo a la modificación que se contempla en el mismo porque entendemos que viola derechos humanos, da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y no va a aportar soluciones a ninguna de las causas por las que las personas migrantes abandonan sus países de origen para, tras un arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla. En definitiva, sólo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirás las llegadas”.
Las palabras del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo no están muy lejos de este comunicado: “Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que permitan tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes”.
