Comienza la campaña

Tengo un amigo, abanderado de todas las reivindicaciones progresistas de la historia, alejado de las cosas, y también, de la causa de la Iglesia, y de Dios –o eso dice  él-, que comenta con sorna que cuando llegan las elecciones, la izquierda siempre saca a pasear a los curas y a Franco. 

Debemos estar ya atisbando los ruidos de las papeletas porque la campaña electoral ha comenzado en Córdoba, Iglesia antigua donde las haya. Y lo ha hecho con una singular estrategia de la izquierda del activismo social, a la que se ha sumado la Junta de Andalucía: la reivindicación de la titularidad de la catedral de Córdoba, que algunos denominan propagandísticamente, catedral-mezquita.

Hay quien dice, además, que esa reivindicación es síntoma de la incapacidad de la izquierda del lugar por ofrecer una alternativa  a los problemas reales de los ciudadanos, en un municipio de otro color. Por cierto, movida, cómo no, avala por destacados intelectuales, algunos de ellos teólogos áulicos del socialismo. 

La campaña comenzó con la solicitud de firmas en Change.org, plataforma del activismo de izquierdas, a la que se sumó, y ofreció no poca publicidad, la presidenta de la Junta de Andalucía que, hasta el presente, venía a representar el socialista español más moderado, Susana Díaz. El motivo: la inmatriculación, procedimiento obligado por la ley. Para no quedarse atrás, Susana Díaz, catequista en sus tiempos, dijo aquello de que la Junta estaba buscando fórmulas jurídicas para “obtener la titularidad de la mezquita”. Después, la siguieron los suyos hasta la astracanada.

Resulta paradójico el hecho de que haya una coincidencia entre esta campaña y lo que hasta ahora ha propugnado el islamismo más radical respecto a la catedral de Córdoba. Quienes mantenían abierta la ventanilla de solicitud de titularidad eran varios grupos islámicos apoyados, incluso, por diversas embajadas.  Los lugareños señalan que existe una forma organizada de presión por parte de activistas islámicos en torno a las catedrales de Andalucía, particularmente a las de Granada y Córdoba, que pasa, entre otros medios, por comprar pisos y edificios circundantes a los templos católicos. 

Pero ahora, esta reivindicación, que no tiene fundamento alguno de derecho, ha entrado en la liza pública. Ya ha conseguido dividir a la sociedad cordobesa y poner a la Iglesia, al obispo y al cabildo, en la diana de no pocos comentarios y actuaciones de grupos públicos especializados en movilización social, en vísperas de una Cuaresma y de una Semana Santa en la que la religiosidad popular centra la atención. 

Mientras, la Iglesia prepara su argumentario histórico y técnico al más alto nivel. Y está dispuesta a ir hasta el final en la defensa de sus derechos. Porque ya se ve que en el empeño de poner a la iglesia en la picota, cierta política en España no respeta ni las cátedras de los obispos. Aviso para navegantes. 

José Francisco Serrano Oceja 


 
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