Opinión

Una mala ley de Educación

Manifestación de Más Plurales.
photo_camera Manifestación de Más Plurales.
He pasado por un colegio de religiosas que lucía en su verja cientos de lazos naranja y un cartel grande en la entrada con el texto «Stop a la Ley Celáa». Y como este, otros miles de colegios en toda España. Es el grito de los colegios concertados,  los de educación especial o los privados, ante el rodillo de una ley con peores intenciones de lo que algunos piensan.

La llamada Ley Celáa ha pasado el trámite parlamentario en el Congreso sin consenso, sin consulta, y por un solo voto de mayoría. Su determinación es establecer la escuela pública y laica. Pero esto va contra la legislación y las recomendaciones internacionales que defienden la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, rechazan el adoctrinamiento, y defienden el pluralismo como un valor social.

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos trata el derecho a la educación en los siguientes términos: implantar la enseñanza primaria gratuita, garantizar la obligatoriedad de la enseñanza, determinar su contenido mínimo y respetar la libertad de los padres para elegir una educación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según recoge la profesora Carolina Ugarte en un artículo en el Diario Las Provincias del 14 noviembre 2020.

2. Recuerda que el derecho a la educación tiene una doble dimensión social y de libertad, y por ello indica que son los estados los que deben garantizar su cumplimiento. Así el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala: «Los Estados se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas». En definitiva, la educación en libertad y la educación como derecho social es parte del contenido del derecho a la educación.

3. El artículo 27 de la Constitución española señala que todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Y añade: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Obviamente ese derecho en sentido estricto es de los alumnos como personas con necesidades intelectuales, morales y religiosas, y que los padres son quienes se encargan primariamente de su educación y formación e instrucción

Impulsar la educación requiere avanzar en el aumento de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros educativos; una autonomía que se debe mostrar en la toma de decisiones sobre recursos humanos, materiales y financieros, y naturalmente en su proyecto educativo.

El programa PISA en sus sucesivas ediciones, señala la relación que existe entre el incremento de la autonomía de los centros y la mejora de los resultados de los alumnos, algo que nos sitúa lejos de otros países. Además el informe TALIS de la OCDE en su última edición de 2018 señala que el 21% de centros de Educación Primaria en España tiene autonomía para seleccionar y contratar profesorado, aunque está lejos del 90 % de Dinamarca, Bélgica, Inglaterra y Suecia, señala la profesora Carolina Ugarte.

Desde hace tiempo en España carecemos de un pacto nacional en educación estable fruto del debate pedagógico, centrado en el alumno pues el objetivo último es la formación integral de la persona. Pero ese pacto no puede alcanzarse si desde el Gobierno no hay voluntad de lograr de consenso que busque la colaboración eficaz entre los expertos en educación, los responsables de la elaboración de las políticas educativas y por supuesto de las familias. Todo esto está ausente en la ley que se tramita sin consenso y con sospechosa urgencia.

En cambio, llama la atención las declaraciones de la presidenta de la CEAPA, Leticia Cardenal, que defiende una escuela pública, laica y gratuita, y por eso considera que la LOMLOE o ley Celáa es estupenda. Defiende que solo debe haber dos tipos de escuela: pública mayoritaria y privada minoritaria que cuesta más dinero a los padres.

Por eso, según ella, debe desaparecer la concertada a pesar de que la cuarta parte de las familias la prefieren sobre las otras, un pequeño dato que por lo visto puede ignorarse. Entiende que la escuela concertada y diferenciada ¡es cuestión de creencias!, y no le gusta que se mantengan con dinero público.

La señora Cardenal rechaza las escuelas diferenciadas porque le parecen un atraso, cuando los expertos internacionales en educación cuestionan las ventajas académicas y educativas de la indiferenciada. Parece que aún mantiene el tópico de que el dinero público es para la escuela estatal, porque sería la más social e igualitaria. ¿Y si las familias quieren clase de religión? -que no es catequesis confesional-, pues que sea fuera del horario escolar, y que tienen que ceder, añade. En realidad la presidenta no parece que represente a los padres de alumnos ni que sea partidaria del consenso sino del rodillo.

Comentarios
Somos ECD
¿Quieres formar parte de ECD?