Opinión

Olivier Roy y los consumidores de lo sagrado

Olivier Roy.
photo_camera Olivier Roy.

Una de las mejores reflexiones que he podido leer, desde el punto de vista de un acreditado politólogo, sobre lo que ha pasado en estos meses en las relaciones entre la Iglesia y el Estado ha sido la de Olivier Roy, en L’Observateur, el 18 de mayo de 2020, con el título “¿Es el creyente un consumidor como cualquier otro?”.

No me atrevería a reproducir el extenso artículo, ni a glosar sus tesis principales. Está publicado íntegramente en varios sitios de Internet. Lo que sí considero necesario es que se produzca un debate público sobre algunas cuestiones que plantea. 

Por ejemplo, la vía práctica por la que los Estados democráticos, liberales, han actuado respecto a la Iglesia católica y al resto de las confesiones religiosas. El problema no es la equiparación, sino los principios a partir de los cuales se establece esa equiparación, la comprensión de la naturaleza de lo religioso, de la Iglesia, incluso como institución de presencia social y de interlocución política-pública.

Dice Roy: “El clero y las instituciones dominantes han llamado a los fieles a seguir las normas sanitarias impuestas por los Estados seculares, lo que implica la prohibición virtual de la práctica religiosa colectiva (misas, cultos, rezos, peregrinaciones, grandes fiestas religiosas como la Pascua, Pésaj y Ramadán). El argumento presentado para convencer a los fieles es un principio de ética religiosa proclamado por las tres religiones: no se debe poner en peligro la vida de los demás. Es un argumento que no es específicamente religioso, ya que obviamente es compartido por los no creyentes. Es por lo tanto un argumento más ético que teológico”.

Se pregunta: “¿Por qué mantener las iglesias cerradas si los fieles están dispuestos en tomar precauciones?”. Responde: “La razón estriba en que el Estado no considera la práctica religiosa como una «necesidad esencial» que justifique la apertura de los lugares de culto. Es entonces cuando la Iglesia Católica se da cuenta con horror de que ese laicismo que decía respetar y haber integrado se vuelve en su contra, no en la confrontación, sino en algo mucho peor, en la ignorancia e indiferencia hacia lo religioso.

El problema es más simple y más grave: la práctica religiosa es vista, tanto por los políticos como por la opinión pública, como algo "opcional", individual y que concierne sólo a una comunidad entre muchas. Los cristianos son privados de la misa como los aficionados al fútbol son privados de los partidos. Esta indiferencia es casi peor que la persecución, sobre todo porque los gobiernos tienen la sincera impresión de que no están violando la libertad religiosa mientras que uno pueda practicarla en casa o en internet, algo que ni siquiera pueden hacer los aficionados al fútbol”.

¿Habremos sido testigos, en estos meses pasados, de una vuelta de tuerca más en el proceso de privatización de la fe y de la conversión de la Iglesia católica, también en España, en una institución de derecho privado, con la pérdida subsiguiente de su dimensión de institución de derecho público?

En España, el gobierno socialista puede ser laicista, incluso sin saberlo, y la parte comunista, anticlerical sin conseguirlo. El asunto ahora es la indiferencia como vía táctica a través de la equiparación de lo religioso a una forma práctica de vida cultural y cultual. La religión católica entendida como cultura y práctica social cultural, cuya manera más expresiva de operar socialmente y de acreditarse para que la tengan en cuenta es el humanitarismo, la solidaridad, la caridad.

La otra cuestión que plantea Olivier Roy es la de la respuesta de la Iglesia, común en toda Europa. El caso italiano por cierto es paradigmático. Quienes alzaron su voz reivindicando el derecho a la práctica religiosa publica fueron los fieles laicos, especialmente en el parlamento italiano, frente a un gobierno ejemplo de lo que se viene diciendo.

Quizá en España el problema es que ni existen esos fieles laicos que hablan de estas cuestiones, con naturalidad democrática, en el parlamento.

Bueno, pues añade Olivier Roy:

“¿Y cómo ha reaccionado la Iglesia? Pues precisamente presentándose como una comunidad particular, la de los consumidores de bienes sagrados: «queremos la misa, la confesión, la eucaristía». Apela pues a la libertad religiosa inscrita en la ley y en la constitución: el derecho no sólo de creencia y opinión, sino también de práctica dentro de un marco colectivo. Pero al basar su reivindicación en los derechos humanos y en los derechos de las minorías, confirma no sólo su marginación, sino también su «autosecularización», es decir, la inclusión de su actividad en el marco de una asociación de consumidores como cualquier otra (encontramos este argumento recurrente: «si los museos (o los MacDonalds, o los supermercados) están abiertos, ¿por qué no las iglesias?» La religión sería, por lo tanto, una categoría, ya no es universal. Ciertamente, este enfoque es el único que puede presentarse ante el Consejo de Estado, o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es perfectamente legítimo y eficaz para conseguirla apertura de los lugares de culto”.

Pero…

La economía es importante. Afloran encuentros, debates, sobre temas económicos, la perspectiva de la Iglesia sobre la economía presente y futura. ¿No habrá que plantearse esta cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que afectan decisivamente a las de la Iglesia con la sociedad? Especialmente una es sensible, la libertad.

                                

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