Opinión

Las nuevas restricciones del culto

Cardenal Blázquez y Carmen Calvo.
photo_camera Cardenal Blázquez y Carmen Calvo.

Pues hete aquí que el cardenal Ricardo Blázquez y su obispo auxiliar, monseñor Argüello, no en vano secretario general de la Casa, han salido a decir que no les parecen adecuadas las medias de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de restringir a 25 asistentes máximo en las misas en Valladolid y Salamanca.

No veo que la Junta diga nada de limitar a 25 las concentraciones en los Mercadona, por ejemplo.  

No son los primeros obispos, y por lo que se ve, ni los últimos, que han tenido que manifestar públicamente su descontento por medidas similares. Se entiende que, en cada caso, antes ha habido un diálogo con las administraciones públicas. Aunque no parece que haya dado mucho fruto.

Algo parecido ha ocurrido en Cataluña. Pero ahí el cardenal Omella ha sabido llevar las aguas a su cauce y la Generalidad de Cataluña no se ha atrevido a medidas no adecuadas contra el derecho a la libertad religiosa, que implica la asistencia al culto.

Un dato interesante del caso de Castilla y León ha sido el informe que la catedrática Lourdes Ruano ha hecho sobre la decisión de la Junta y que ha sido publicado por la página web de la diócesis de Salamanca.

Concluye la profesora Ruano, una especialista de primera línea, que “las medidas citadas son, en síntesis, claramente restrictivas de un derecho fundamental, el de libertad religiosa, resultan arbitrarias, desproporcionadas discriminatorias y, si además, son adoptadas por una disposición administrativa, pueden resultar contrarias a Derecho. De ahí la necesidad de ratificación judicial, que dudamos pueda obtenerse conforme a la legislación vigente”.

Y lo hace con una argumentación cuidada, sabiendo de lo que habla. Insistiendo en que “sin entrar a discutir la necesidad de adoptar medidas drásticas para la contención del COVID-19, que está fuera de toda duda, las medidas citadas, y en concreto la adoptada en el punto 2 del anexo, es claramente restrictiva de derechos fundamentales, en concreto del derecho fundamental a la libertad religiosa, sin que exista un criterio de racionalidad en la formulación de la medida, que carece de toda lógica y resulta arbitraria y desproporcionada”.

Vuelve de nuevo el problema de las medidas del poder público sobre el ejercicio de la libertad religiosa, y del culto, de los católicos. Da lo mismo que el poder esté en manos del PP, del PSOE, que de Podemos, por lo que se ve.

Quizá no estaría demás una actuación conjunta al respecto de toda la Iglesia en España. Pero veremos.  

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