Opinión

La respuesta a la Ley Celaá

Isabel Celaá y Alfonso Aguiló, presidente de la CECE.
photo_camera Isabel Celaá y Alfonso Aguiló, presidente de la CECE.

Parece que el gobierno de Pedro Sánchez ha apretado el acelerador de la nueva Ley de educación, que algunos medios de comunicación han calificado de sectaria y nefasta.

No solo por la cuestión lingüística, también por lo que se refiere a la asignatura de religión, que deja sin alternativa, y que incluso se propone que no sean las autoridades eclesiásticas quienes determinen los contenidos, el currículum.

A estas perlas hay que añadir la merma en el desarrollo del modelo de la concertada, y el cerrojazo de facto a la educación diferenciada, pese a lo que diga la jurisprudencia. Es decir, ni Pacto Educativo de Estado ni nada que se le parezca. Limitación, una vez más, de la libertad educativa.

La prisa del gobierno responde a la obsesión por acabar con la Ley Wert e intervenir, de nuevo, en la educación con una propuesta de modelo antropológico que responde a la ideología del partido o de los partidos.

Es cierto que el futuro inmediato del gobierno pende de un hilo. Pero cada vez más hay quienes consideran que van a agotar la legislatura. Y, si llegara a aprobarse esta Ley, su modificación posterior, aún por un gobierno de centro derecha, sería complicada, al margen del desastre que supone el permanente baile de sistemas educativos. Total, un despropósito.

Los obispos, por cierto, ya han presentado sus alegaciones al proyecto de Ley. Y claro, lo que dicen los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, una vez más, se queda en papel mojado.

Hay quien pensaba que la Ley Celaá no iba a salir adelante. ¿Fue acaso una estrategia del gobierno para que la Iglesia no se movilizara? ¿Para ganar tiempo?

Es cierto que hace unos días el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ricardo Blázquez, ha recordado una serie de verdades al respecto en una entrevista en “Iglesia en Valladolid”.

Y lo ha hecho con una claridad meridiana. “En lo que respecta a la clase de Religión-ha asegurado-, pedimos que se oferte como se viene ofertando, sin recortes y sin trampas, porque los padres tienen la responsabilidad de elegir la educación para sus hijos según sus convicciones”.

A estas alturas de la vida política española surge la pregunta sobre cómo se va articular la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. ¿En qué ámbitos? ¿Con qué medios? ¿Quién va a pilotar esa defensa?

Ya no estamos en la época de las manifestaciones en la calle, ¿o sí?  ¿Cuál será la respuesta de la patronal de los colegios concertados, de la educación privada?

Esperemos.

 
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