Opinión

El sobresalto de los obispos

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Si no llega a ser por el ABC y El País –los periódicos que publican, con mucho, más información religiosa en sus ediciones impresas-, los lectores no se hubieran enterado del interesante discurso del cardenal Ricardo Blázquez en la inauguración de la Plenaria.

Un discurso al que, a su edición impresa, se añadió un “addenda” de última hora por eso de que la Iglesia vive en la historia. La esperanza cristiana es escatológica, pero la Iglesia y las labores del Reino son históricas.

Los obispos son unos confesos constitucionalistas. Y lo son por convencimiento y por coherencia. Porque la Iglesia apostó de fondo por el sustrato de los valores que subyacen al texto Constitucional y contribuyó decisivamente –aunque esto no se quiera reconocer ahora- a la reconciliación y al consenso. 

Es cierto que en aquella época había obispos que consideraban que la Constitución no era suficiente, se había quedado corta en su literalidad a la hora de reflejar, y defender, determinados aspectos. Está claro que la Constitución Española, aún teniendo como ejemplo e influencia la alemana, no era la alemana. 

En un discurso bello en la factura, en el que se parte de la libertad religiosa para llegar a la Constitución, el cardenal Blázquez recuerda un serie de verdades que hoy están puestas en entredicho no solo por el revisionismo histórico –compás de la Ley de Memoria histórica- sino por determinadas formaciones políticas. 

Pero se da la paradoja de que lo que pretenden los que causan “sobresalto” a los obispos es llevar las relaciones entre la Iglesia y el Estado de la Constitución a una ley de libertad religiosa, es decir, sacar a la Iglesia del protagonismo constitucional para llevarla a la equiparación del resto de confesiones religiosas en un marco común, una nueva Ley de confesiones religiosas, con tufillo estatalista.

Está claro que toda nueva Ley de libertad religiosa debe ser constitucional, pero apuntaría a un progreso de lo constitucional en un contexto constituyente. Una especie de no reconocimiento de lo específico de las relaciones de coordinación con la Iglesia católica, tal y como aparece el artículo 16.

Es decir, el escenario pasa por vaciar los Acuerdos Iglesia y Estado –en la media en que es posible o seguir manteniéndolos reformados para cuestiones genéricas-, y llevar la relación de la Iglesia a la ley de libertad religiosa. No olvidemos que es lo que pretendió ya Zapatero en su último gobierno.

Acuerdos no, Ley sí. ¿Pero al fin y al cabo no es lo mismo? Pues no, ni en el contenido, ni en la
forma. Veremos lo que pasa…

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