Opinión

Blázquez y un documento histórico

El cardenal Ricardo Blázquez.
photo_camera El cardenal Ricardo Blázquez.

Cuando escribo estas líneas, en el inicio del fin de semana, no se ha hecho público aún el discurso inaugural del presidente Ricardo Blázquez en la Asamblea Plenaria de los obispos.

Como suele ser habitual, se referirá a las cuestiones del presente que afectan a la Iglesia. Es previsible que hable del Sínodo de la Amazonía, que algunos llaman de forma equivocada el Sínodo de la Pachamama. También lo podrá hacer del proyectado Congreso de laicos.

Pero lo que no entraría en la cabeza es que pueda obviar la referencia a la situación política y social que vive España. Y en este sentido, las declaraciones de la ministra de Educación del pasado jueves son un síntoma preocupante de lo que puede venir.

Por cierto, veremos si el peso de la historia, y la reflexión sobre la historia inmediata de la Iglesia en España, juega algún papel.

La percepción generalizada de que estamos en un momento en el que, por parte determinados actores de la política, todo se pone en entredicho, -por ejemplo, los consensos y pactos básicos de la articulación de la sociedad civil-, demanda un añadido y exigente esfuerzo de “lo dicho”, es decir, de volver a ratificar los principios de actuación.

Eso no quiere decir que el cardenal Ricardo Blázquez repita algo de lo que los obispos dijeron, por ejemplo, en el documento “La Iglesia y la comunidad política”, de enero de 1973. Por ejemplo: “No se puede ignorar que, en nuestra Patria, una larga y azarosa tradición que se remonta a los albores del siglo VI mantiene secularmente vinculada la religión católica con la comunidad política
nacional”.

En ese documento, en el que los obispos asentaban el Concilio Vaticano II en lo referido a las relaciones entre Iglesia y la política, se leen afirmaciones tan interesantes como esta, que aparece en el número 31:

“Pero tengan todos presente que el silencio por falsa prudencia, por comodidad o por miedo a posibles reacciones adversas nos convertiría en cómplices de los pecados ajenos; seríamos pastores infieles a la misión que Cristo nos encomendó, con perjuicio para los más débiles y oprimidos, y, en definitiva,
caería en desprestigio de nuestras comunidades cristianas al mostrarlas incapaces de oír la palabra salvadora, que a todos nos invita a la penitencia y a la conversión.

Cuando los pastores nos vemos obligados a señalar abusos o deficiencias graves de la comunidad en materia social o política, lejos de minar la estabilidad de la ciudad terrena, contribuimos a su perfeccionamiento y consolidación. La denuncia de los pecados sociales, hecha con espíritu evangélico, con sana independencia y con verdad, contribuye a liberar a la sociedad de todas aquellas
lacras que la envilecen y corroen en sus más sólidos fundamentos”.

Recordemos los quebraderos de cabeza que el citado documento trajo a los obispos españoles en el año 1973, al final del franquismo. Quizá se pueda decir que ese fue el inicio, o un momento clave del inicio, de la contribución textual de la Iglesia a la Transición. ¿Será esta Plenaria el inicio de la contribución de la Iglesia a la nueva Transición en la que ya estamos?

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