Sobre la Educación para la ciudadanía

Quizá, sin embargo, hay un acuerdo aparentemente unánime, y avalorado por las estadísticas, de que si existe, verdaderamente, una gran crisis en la educación. Bastante generalizada en los distintos países europeos; y mucho más honda que la media, en España.

Poco se habla de enfrentarse en serio con esta cuestión; y sin embargo, se siguen dando vueltas, y más vueltas a la lamentablemente famosa asignatura de Enseñanza para la Ciudadanía.

Ahora han comenzado a correr rumores de que puede desaparecer, y ser eliminada del elenco de asignaturas de la Enseñanza Secundaria.

Por el bien de todo el país, y por el bien especialmente de quienes tienen que soportar semejante asignatura, me parece que su desaparición sería lo más beneficioso, aunque algunas editoriales tuvieran que deshacerse de los textos ya preparados, y dar por perdido el dinero invertido: sería, sin duda alguna, el menor mal.

¿Por qué digo esto?

Por el abuso de poder de parte del Estado, que esa asignatura supone; por la invasión de la esfera de las conciencias individuales, que esa asignatura lleva consigo al intentar "enseñar" moral a los alumnos; por el "adoctrinamiento" que impone a los estudiantes, muy manejables en esas edades, no obstante las crisis de adolescencia que puedan vivir unos y otras, "adoctrinamiento" que nada tiene que envidiar al que los regímenes nazis y comunistas implantaron en su días en todas las escuelas bajo su dominio.

Un Estado que pretenda enseñar moral -el bien y el mal para las conciencias de las personas- es un Estado dictatorial y absolutista; es un Estado que pierde toda su legitimidad en la misión de servicio a los ciudadanos, al "bien común" de los ciudadanos; o si se quiere, aunque no es lo mismo "al interés general" de los ciudadanos. Bien entendido que el contenido del "bien común", y del "interés general" no lo establece el Estado: son anteriores a él, y no ha de hacer otra cosa que reconocerlos y respetarlos.

Ya la controvertida sentencia del Tribunal Supremo, aunque impone a los niños cursar la asignatura, afirma que eso "no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidos".

¿Donde se deja el derecho de los padres reconocido en el art. 27, 3 de la Constitución? El texto es muy claro:

 

"Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

La educación es obligatoria hasta una cierta edad. ¿Por qué en estos nuevos proyectos de esta asignatura, se sigue manteniendo la ideología que la originó, y se habla de "reconocer y rechazar situaciones de discriminación, de marginación e injusticia, e identificar los factores sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro tipo que las provoquen"

¿Cuál es la razón para introducir, y querer imponer por consiguiente, el concepto de género, que no está en la Constitución, y que solo está definido en un ámbito ideológico muy determinado, muy parcial, y sin ningún fundamento racional?

La Constitución es bien precisa: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (art. 14).

¿Se quiere explicar el contenido de la Constitución? En buena hora. En la enseñanza secundaria el interés por esas materias no existe. Prepárese con seriedad el contenido de una buena asignatura, con el debido nivel cultural e intelectual, y salgan bueno profesores "constitucionalistas" que expliquen la asignatura en los primeros cursos de la Universidad. Y dejen los partidos que gobiernan hoy, ayer y en el futuro, de pretender "manipular" el tesoro más grande de que dispone el hombre: su conciencia; en la que descubre el bien y el mal, anterior a todos los gobiernos, a todos los estados, y que cualquier autoridad ha de respetar.

Ernesto Juliá Díaz

ernesto.julia@gmail.com

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