Las cuentas claras

Conferencia Episcopal Española
Conferencia Episcopal Española

Hasta aquí hemos llegado. Las cuentas de la Iglesia están claras. Las de la Conferencia Episcopal, me refiero. No lo digo yo. Lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Ahora, porque hace unos meses decía algo distinto y distante. Las cuentas de la Conferencia Episcopal, por eso de que es el organismo que percibe los dineros que el Estado vehicula desde los ciudadanos a la Iglesia.

Vayamos a los hechos y dejemos al margen el debate sobre la legitimidad del Tribunal de Cuentas para fiscalizar a la Iglesia, es decir, a la Conferencia Episcopal.

 El Informe definitivo del Tribunal del honor económico, no el que malévolamente y de parte se filtró hace meses a determinados medios, ha dejado claro que la Iglesia justificó correctamente todo el importe correspondiente a las cantidades recibidas a través de la asignación tributaria del período analizado.

Por lo tanto, quien insistía en que se daba una posible falta de justificación de 300.000 euros durante ese ejercicio, se equivocó. Lo lógico sería que, quienes publicaron esas informaciones, ahora rectificaran. Pero ya se sabe que rectificar es de sabios.

El Informe definitivo del Tribunal señala, además, algo que es de interés para el actual momento político respecto a la Iglesia. En reiteradas ocasiones, en el Informe del Tribunal de Cuentas, se hace referencia a los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado y a los mecanismos que se derivan de esos Acuerdos para las relaciones bilaterales.

Por ejemplo, en el caso de dudas o conflictos, respecto a la Memoria que presenta la Iglesia, o en el de los problemas derivados de las declaraciones denominadas extemporáneas.

Es decir, el Tribunal de Cuentas, por la vía de los hechos, está ratificando la vigencia de los Acuerdos que algunos sectores del Gobierno parecen querer dinamitar.

Este reconocimiento, por parte de un organismo técnico, de origen político ciertamente en la designación de sus miembros, debe ser un llamada de atención para consolidar la tan propugnada trasparencia económica en la Iglesia. Un asignatura que parece pendiente en determinados ámbitos diocesanos.

Cuánto se ahorraría la Iglesia en disgustos de imagen si la trasparencia, en algunos ámbitos de la gestión de unos dinero que, al fin y al cabo, proceden de los fieles, fuera un hecho y no un bonito deseo convertido en un cacareado lema publicitario.

 

Lo que ha demostrado la Conferencia Episcopal, al menos en esta materia, es que las ideas están claras y la ejecución es precisa. Hasta el Tribunal de Cuentas del Estado se lo ha reconocido.

                       

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