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Juristas esperan que los obispos defiendan la libertad de culto ante las imposiciones del Gobierno durante la pandemia

Religión Confidencial | 16 de octubre de 2020

Joaquín Mantecón y Javier Martínez-Torrón.
Joaquín Mantecón y Javier Martínez-Torrón.

La Asociación Española de Canonistas organizó ayer una webinar sobre el tema "La libertad religiosa en tiempo de pandemia" a la que asistieron de manera online más de cien personas. 

Los ponentes fueron: Javier Martínez-Torrón, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado por la UCM, quien disertó sobre "La libertad religiosa y la acción del Estado respecto a la Covid-19 y Joaquín Mantecón, catedrático jubilado de Derecho Eclesiástico del Estado por la Universidad de Cantabria y asesor del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos quien habló sobre "La postura de la Iglesia española ante las normas emanadas por la contención de la pandemia".  Moderó Lourdes Ruano, presidenta de la AEC. 

Martínez- Torrón cuestionó las medidas interpuestas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia han producido una confusión contaste entre los ciudadanos, normas que han recibido críticas frecuentes. "Un buen número de constitucionalistas de diferentes ideologías han cuestionado los decretos del gobierno por entender que se estaban produciendo extralimitaciones en materia de restricción de derechos fundamentales", afirmó. 

Normas poco claras 

Respecto al decreto inicial del Gobierno del estado de alarma, el experto en Derecho Eclesiástico afirma que el texto dejaba en manos de las confesiones religiosas flexibilidad para organizar el culto en sus templos, siempre y cuando se respetara el metro de distancia  de seguridad y se evitaran aglomeraciones. 

"Había una confianza implícita en la responsabilidad de las confesiones. De hecho, las confesiones religiosas lo que hicieron entonces fue suspender el culto en lugar de aumentar las eucaristías en el caso de la Iglesia católica. No obstante, el real decreto no contemplaba que un ciudadano estuviera exento de las limitaciones a la libertad de movimiento para asistir a la Iglesia, al contrario que a la farmacia".

Unilateralidad, imposición e improvisación  

Martínez-Torrón aseveró que en España hemos vivido "la unilateralidad, la imposición y la improvisación de un Gobierno cuando tenía que haber actuado consultando a los destinatarios (en este caso las confesiones religiosas), con cooperación y reflexión. Hubiera sido deseable que el Gobierno dialogara con las confesiones religiosas, cuya cooperación habría sido muy importante". 

En su opinión, el Gobierno no ha buscado ese diálogo "ni siquiera se han utilizado los canales oficiales como la Comisión de Libertad Religiosa. "El ciudadanos tiene la obligación de exigir a su Gobierno que sea riguroso cuando está en juego la restricción de derechos fundamentales, y en gran parte de la ciudadanía ha habido un sentimiento de decepción, de que se podían haber hecho las cosas de otra manera". 

El catedrático matiza que frente a la noble idea de que "con la salud no se juega" el Gobierno debe demostrar en qué circunstancias es necesario prohibir el culto en aras de la salud, guiado siempre por un criterio de proporcionalidad: no restringir más allá de lo que es estrictamente necesario. 

La Iglesia: ejemplar pero callada 

Por su parte, Joaquín Mantecón, asesor del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos, ha sido crítico en algunos aspectos con los obispos aunque también ha comprendido la situación tan excepcional en la que hemos vivido. 

"Ls Iglesia católica ha sido ejemplar en cuanto a medidas de higiene y seguridad. Por lo tanto, el virus no es clerical. Sin embargo, la Conferencia Episcopal se ha limitado a difundir unas notas de carácter informativo y pastoral, aceptando sin rechistar, las medias impuestas por el Gobierno, sin plantear críticas", manifestó. 

Por esta razón, considera que la respuesta de la Iglesia en España "no ha estado a la altura de lo esperado. Podría haber consensuado con el Gobierno el aforo de los templos porque resulta chocante que el gobierno es el que decida el número de fieles u otras medidas, pero aceptó sin rechistar los criterios del Gobierno. La Iglesia podría haber  alzado su voz", aseveró Mantecón. 

Finalmente, el asesor jurídico de la CEE enumeró una serie de puntos relacionados con la postura de la Iglesia durante esta pandemia: 

La Iglesia no ha hecho ninguna declaración pública y ha aceptado las decisiones del Gobierno;  la absoluta libertad de los obispos ha hecho que algunas acciones no hayan sido coincidentes entre diócesis; Los obispos han tomado decisiones tajantes, como por ejemplo, privar a los fieles de la Eucaristía cuando la otra opción habría sido multiplicar las misas y no suprimirlas. 

Concluyó Joaquín Mantecón que de cara al futuro "sería oportuno que la Iglesia expusiera al Gobierno su punto de vista y exigiera su derecho a la libertad de culto". 

Consensuar con las confesiones religiosas 

En el turno de preguntas, Religión Confidencial preguntó a Martínez-Torrón si algún gobierno occidental había consultado con las confesiones religiosas para consensuar la libertad de culto, puesto que estas medidas restrictivas han sido internacionales. 

"Muchos países han adoptado posiciones parecidas a las del gobierno de España, incluso con medidas más duras, decretando el cierre de lugares de culto. Pero en algunos otros, como Alemania ha sido más colaborativa, y también en Italia, donde además ha habido un importante número de profesores universitarios que se han movilizado, captando la importancia de una cooperación entre Estado y confesiones religiosas. Se han involucrado académicos expertos en libertad religiosa, además, naturalmente, de científicos. En España estamos comenzando ahora a que el Gobierno cuente con la sociedad civil en la lucha contra la pandemia".

También en el turno de preguntas, otro asistente puso sobre la mesa el "atropello" de la catedral de Granada, cuando la Policía desalojó a los pocos fieles que asistían a los oficios del Viernes Santo. 

"En mi opinión, creo que la jerarquía eclesiástica ha actuado prudentemente al no montar un escándalo, pero probablemente debería haber pedido al gobierno, a las autoridades, una disculpa pública por esos hechos, que iban contra las normas del propio gobierno: eran ilegales. Eso, además, habría evitado que se repitieran algunos otros sucesos parecidos que, aunque aisladamente, se han dado en otros lugares", explicó Martínez-Torrón

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