La familia Franco, obligada a devolver el Pazo de Meirás al Estado
MADRID, 2 (CHANCE)
Nuevo varapalo para la familia Franco. El Juzgado de Primera Instrucción número 1 de A Coruña ha dictaminado que los herederos de Francisco Franco deben devolver el Pazo de Meirás al Estado. No obstante, la sentencia puede ser recurrida, por lo que se avecina una larga batalla judicial entre la Administración Pública y los hermanos Martínez Bordiu-Franco.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia notifica también que la familia no tiene derecho a una indemnización por los gastos de mantenimiento de la propiedad, que han alegado para solicitar una compensación económica por los mismos.
El Juzgado de Instrucción número 1 declara nula la donación del Pazo de Meirás al dictador por parte del Estado en el año 1938. Y es que en los documentos que reflejan dicha donación se deja claro que la Finca es un regalo que se hizo a la Jefatura del Estado y no a Franco de manera personal, por lo que este defecto de forma anula este "regalo" que la familia sostiene que se hizo al caudillo pero no fue sino una donación al Estado.
Además, el Tribunal asegura que el documento de compraventa con la que el caudillo inscribió en el registro de la propiedad su residencia de verano en el año 1941 fue "una simulación", por lo que debe anularse, al tratarse de una "ficción realizada solo para poner el bien a su nombre, sin mediar precio alguno".
La sentencia, de 400 páginas, no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Precisamente, el abogado de los herederos del dictador, José Utrera Molina, se encuentra en estos momentos estudiándola para ver qué vías legales tiene la familia Franco para conservar el Pazo de Meirás.
Así que, a pesar de que el fallo judicial es claro y obliga a los Franco a devolver la propiedad a su legítimo propietario, que es el Estado, se avecina una interminable batalla en los tribunales. Francis Franco, Carmen, Mariola, Merry, Cristobal y Jaime Martínez Bordiu, herederos del dictador, no están dispuestos a renunciar a una de sus propiedades más emblemáticas sin presentar resistencia. Todo apunta que esta batalla terminará en el Tribunal Supremo.
