Libertad de los obispos para opinar como cualquier ciudadano
Buena la ha armado Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba, con su Pastoral sobre la familia, publicada con ocasión del domingo de la Sagrada Familia. Se le ocurrió recordar ciertas doctrinas que la Iglesia Católica lleva siglos predicando (como que la naturaleza dispone que los hijos vienen al mundo fruto de una relación entre varón y mujer y no en un “aquelarre químico de laboratorio”, o que en la familia el varón tiene un papel y la mujer otro, ambos complementarios, no opuestos y en un plano de igualdad), y le llovieron las críticas.
El diputado socialista electo por esa misma provincia, Antonio Hurtado, fue de los primeros que publicó en un comunicado reproches contra don Demetrio. Según este político, el obispo se obstina en negar una sociedad plural como la actual, adoctrina a sus fieles, y vive en otro siglo, pero «afortunadamente, la democracia ha puesto por encima de la moral católica, dominante en otros tiempos, a los derechos humanos y a la libertad».
Comprendo que Antonio Hurtado no quiera aceptar la doctrina de la Iglesia sobre la familia u otras materias. Lo comprendo aunque lo lamento, porque deseo lo mejor para él y estoy convencido de que la salvación del género humano -y la suya en particular- está en las enseñanzas de la Iglesia, pero la aceptación del mensaje del Señor es libre.
Lo que no comprendo es que el diputado Hurtado pretenda decidir lo que pertenece a la doctrina de la Iglesia. ¿No afirman sus correligionarios políticos que estamos en un Estado laico y la Iglesia y el Estado deben vivir absolutamente separados? ¿Cómo no se da cuenta de que intervenciones como esta traicionan los principios que ellos mismos pretenden introducir en la sociedad?
Y aún menos comprendo que repudie la Carta Pastoral de Mons. Fernández mediante la técnica del insulto, sin ni siquiera analizar los argumentos de razón que ofrece don Demetrio. Admito que Hurtado no crea en las enseñanzas de la Iglesia, pero no admito que injurie a quienes ofrecen argumentos distintos de los que a él le gustan.
Detrás de esta actitud se esconde una flagrante discriminación: al parecer, los obispos no tienen derecho ni siquiera a dar argumentos de razón. Todo un ejemplo de igualdad ante la ley.
