La concertada valenciana 'se rearma' frente a la Generalitat
Al frente de la Consellería de Educación valenciana está Vicent Marzà (Compromís), como en los pasados cuatro años, como resultado de un reeditado tripartito de izquierdas (socialistas, Compromís y Podemos). Mala noticia para la enseñanza privada, y en particular para la concertada, pues Marzà ha ido cumpliendo su declaración inicial de 2014: “se ha acabado la barra libre para la concertada”.
Han sido cuatro años de grandes movilizaciones en la calle por parte de la concertada valenciana – patronales, padres y profesores – y de recursos ante los tribunales por la supresión de conciertos educativos, amparándose el conseller en que para él la privada es subsidiaria de la pública, y no está cumpliendo las decenas de sentencias judiciales que le obligan a revertir el concierto.
Desde la privada – también en ámbitos universitarios, como es el caso de la Universidad Católica de Valencia y el CEU San Pablo – han peleado a fondo estos años para que no se le discrimine, para que se reconozca la libertad de elección de los padres.
Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno y principal valedora del conseller Marzà, está al frente de esta ofensiva contra la libertad de enseñanza. En reiteradas ocasiones, le han expuesto el ahorro que supone la concertada para el erario público – un 50% le cuesta al Gobierno valenciano el hecho de concertar, frente a los gastos que le supone una plaza escolar en centro público – y, pese a las dificultades económicas y financieras de la Comunidad Valenciana, Oltra se ha reafirmado en invertir en la enseñanza pública a costa de la concertada.
Ya que no atienden a razones de tipo económico en el Gobierno valenciano, ni a argumentos basados en la libertad, ni a sentencias judiciales, las patronales de la enseñanza privada y concertada han decidido unir fuerzas.
En concreto, las tres patronales - Escuelas Católicas y Feceval en la concertada, y Acade en la privada – han cambiado de estrategia, puesto que las tres pertenecen a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) – y van a potenciar la organización empresarial, una auténtico frente de las patronales de centros, tanto concertados como privados.
Así, como organizaciones empresariales, esperan tener más fuerza y negociar con la Consellería de Educación. Precisamente en que la Generalitat Valenciana está recortando gastos en todas las Consellerías por dificultades de financiación, esperan que la defensa de los puestos de trabajo de miles de personas sea más eficaz que la confrontación de ideas y, sobre todo, contrarreste lo que me parece un sectarismo educativo continuado.
Es lamentable que en la educación predomine la imposición – también sobre el valenciano, que ha sido también contestado en movilizaciones y ante los tribunales – sobre la libertad.
Defender el pluralismo en la educación no supone abandonar la enseñanza pública, que también requiere mejoras, y el conseller alega que sigue habiendo barracones. Pero con ese razonamiento está dando la razón a las tres patronales: si se ahorrara dinero respetando o fomentado los conciertos educativos, también podrían construirse nuevos centros educativos y eliminar los barracones escolares. La libertad puede favorecer el ahorro.
Zenón de Elea
