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El Gobierno autoriza a Galicia y Castilla y León a formalizar préstamos y operaciones de deuda a largo plazo

El Gobierno ha permitido a Galicia formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 2.366,86 millones de euros, y ha autorizado a Castilla y León formalizar un préstamo hipotecario a largo plazo, por un importe máximo de 1,15 millones de euros. Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones hasta el 31 de diciembre de 2020.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha permitido a Galicia formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 2.366,86 millones de euros, y ha autorizado a Castilla y León formalizar un préstamo hipotecario a largo plazo, por un importe máximo de 1,15 millones de euros. Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones hasta el 31 de diciembre de 2020.

Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes en el que ha permitido realizar estas operaciones en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En concreto, el Gobierno ha autorizado a Galicia para formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por importe máximo de 2.366,86 millones de euros, de los que 2.000 millones se destinarán a la reestructuración de los préstamos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, y 366,86 millones de euros a financiar gastos de inversión de la Comunidad Autónoma, que no se financiarán con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a CCAA en 2020.

Por su parte, Castilla y León ha solicitado autorización para formalizar un préstamo hipotecario, por 1,15 millones de euros, por parte de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL, SA.), destinado a la construcción de 16 viviendas de protección oficial vinculadas al Plan Estatal de Vivienda. El préstamo será objeto de subrogación por los adjudicatarios de las viviendas protegidas.

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