El futuro de la educación católica en Francia
Cuando se habla de la escuela privada francesa –católica, en su gran mayoría‑ suele mencionarse a esos dos millones de alumnos que acuden a unos 9000 centros que funcionan bajo contrato con el Estado desde la ley Debré de 1959.
Su financiación y su inmersión en el sistema público son completas. Siguen los mismos planes de estudios y horarios, aunque tengan idearios específicos. Por eso, a la hora de las reivindicaciones, pueden salir a la calle con los sindicatos de la escuela pública, como se comprobó al comienzo del curso el pasado mes de septiembre en París.
Sin embargo, esa realidad, que ha permitido la subsistencia de tantos centros, tuvo un efecto "perverso" –en el sentido sociológico del término-: la progresiva pérdida de identidad de los centros, cada vez menos "católicos" en la práctica, a pesar del reconocimiento de su inspiración y de sus idearios. De hecho, el Cardenal Lustiger fomentó en su día, desde la Conferencia Episcopal de Francia, un esfuerzo gran para recuperar esa idiosincrasia, que ha ido teniendo resultados positivos poco a poco.
Pero se comprende que no falten personas –entre las que me incluyo‑ contrarias a ese régimen jurídico y económico de la escuela no estatal, semejante en casi todo al de los colegios "concertados" españoles. El sistema asegura la estabilidad, pero al precio de la dependencia de la mayoría política de cada momento.
Por eso, los representantes de la escuela católica se inquietaron con razón ante la profesión de laicidad que hizo François Hollande en una carta al Comité nacional de acción laica (CNAL), el 16 de abril de este año. Reaccionaron tomando contacto con miembros del equipo del entonces candidato. Les recordaron que su jefe pretendía derogar compromisos alcanzados después de muchos esfuerzos para preservar la paz escolar y superar viejos conflictos.
En su carta al CNAL, de tres páginas, se comprometía a rehacer decretos y circulares, así como a derogar algunos decretos de entidad sobre Institutos universitarios católicos de enseñanza superior en Francia, en virtud de un acuerdo pactado con el Vaticano. En su campaña, Hollande se comprometió a crear en cinco años 60.000 puestos docentes en la escuela pública, no en centros asociados al Estado, aunque éstos habían sufrido en justa proporción los tremendos recortes operados durante el mandato de Nicolas Sarkozy.
Por su parte, la presidente de la Asociación de padres de alumnos de la enseñanza libre (Apel), Béatrice Barraud, envió a sus miembros un mensaje para advertirles que veía un serio "peligro de esta libertad fundamental que es la libertad de enseñanza". En la mente de los mayores, surgía el recuerdo de la magna manifestación en París contra Ley Savary el 24 de junio de 1984, tres años después de la elección de François Mitterrand, que sirvió justamente para frenar la deriva autoritaria del primer presidente socialista.
Tal vez todo esto ha servido para atemperar el jacobinismo –tranquilo, pero profundo‑ del nuevo presidente. De hecho, hace unos días el secretario general de la enseñanza católica, Éric de Labarre, comunicaba en rueda de prensa que, a los mil puestos docentes de primer grado prometidos por el ministro de educación Vincent Peillon, se añadirán setenta plazas suplementarias para los centros concertados. No responde a la proporcionalidad de hecho entre lo público y lo privado, pero evita la ruptura.
Entretanto, una vez resueltos los problemas inmediatos para la rentrée de septiembre, el ministro se dispone a abordar el gran reto de Hollande: "la refundación de la escuela". Ha lanzado ya una amplia consulta entre los protagonistas del sector público, que durará hasta los primeros días de octubre. De ahí saldrá el contenido de la ley de orientación y programación que la Asamblea Nacional debatirá en su sesión de otoño.
Ante la gravedad del fracaso escolar reflejado en los informes internacionales, humillante para un país orgulloso de la "escuela republicana", es previsible que el objetivo sea recuperar calidad, más allá del clásico debate ideológico. Prevalecerá la pedagogía sobre la política, si los grupos de trabajo creados y sus presidentes son coherentes con su previa trayectoria. Pero las asociaciones –apenas representadas por ahora‑ tendrán que seguir de cerca el proceso, para favorecer la recomposición de la escuela sin detrimento de la libertad de enseñanza.
Salvador Bernalbernal@aceprensa.com
