La Catedral de la Almudena acoge la canonización de 22 mártires de Paracuellos del Jarama, víctimas de la persecución religiosa de la Guerra Civil

Los Misioneros Oblatos de Maria Inmaculada se establecieron en el barrio de la estación de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en 1929. Ejercitaban el servicio de capellanes en tres comunidades religiosas, prestaban su colaboración también en las parroquias cercanas, enseñaban el catecismo y su coral intervenía en las celebraciones litúrgicas.

Estalló la guerra civil, un conflicto que duró desde julio de 1936 hasta abril de 1939 en el que combatieron los "Nacionales" antimarxistas contra el ejército "Republicano" formado por tropas gubernamentales y partidarios filomarxistas de la República española: una guerra lacerante, que terminó con la derrota de la causa republicana y dio origen a la dictadura del general nacional Francisco Franco. En este clima, la actividad religiosa de los Oblatos de Pozuelo comenzó a molestar a los comités revolucionarios (socialistas, comunistas y sindicalistas laicistas radicales) del barrio.

La culpa de los "frailes" consistía animar la vida religiosa de la zona. La comunidad de los Oblatos sin embargo no se dejó intimidar: intensificó las medidas de prudencia, así como las iniciativas para difundir la serenidad y la calma, siempre poniendo una atención particular en no responder a los insultos provocativos. El programa de formación espiritual e intelectual prosiguió, también porque, a pesar de que las amenazas revolucionarias se hacían cada vez más agresivas, los superiores oblatos no imaginaban que la situación podía llegar a ser tan grave y dramática como en cambio se manifestó más tarde. El contexto degeneró a partir del 20 de julio de 1936, cuando jóvenes socialistas y comunistas salieron a la calle y prendieron fuego a iglesias y conventos, de modo particular en Madrid. Los milicianos de Pozuelo asaltaron la capilla del barrio de la estación, trasladaron los ornamentos e imágenes a la plaza y los incendiaron. También quemaron la capilla.

Dos días después un nutrido contingente de milicianos, armados con fusiles y pistolas, irrumpió en el convento, arrestó a los religiosos (eran 38) y los encerró en un pequeño local. Los prisioneros enseguida tuvieron la sensación de que se acercaba la hora de la muerte. Y no se equivocaron. El día 24, a las 3 de la mañana, tuvieron lugar las primeras ejecuciones. Ningún interrogatorio, ningún pseudotribunal, ninguna defensa. Simplemente llamaron a siete de esos religiosos y los separaron de los otros. Estos primeros condenados a muerte eran: Juan Antonio Pérez Mayo, sacerdote, profesor, 29 años; Manuel Gutiérrez Martín, estudiante subdiácono, 23; Cecilio Vega Domínguez, estudiante, 23; Juan Pedro Cotillo Fernández, estudiante, 22; Pascual Aláez Medina, estudiante, 19; Francisco Polvorinos Gómez, estudiante, 26; Justo González Llorente, estudiante, 21. Fueron obligados a subir a un automóvil que les condujo al martirio.

Los religiosos que se quedaron en la improvisada celda dedicaron el tiempo de espera a la oración. Pero el último acto de su existencia no tuvo lugar inmediatamente: de manera inesperada, fueron liberados al día siguiente.

Pero, tras tres meses de escondites y clandestinidad, fueron arrestados de nuevo. En la cárcel sufrieron una lenta y atroz agonía de hambre, frío, terror y amenazas. Los pocos que sobrevivieron contaron su heroica resistencia: esas semanas de penas las afrontaron en un constante e impresionante clima de caridad reciproca y de oración silenciosa. Hasta el mes de noviembre, cuando para la mayor parte de ellos llegó el final del calvario. El día 7 fueron ajusticiados el padre José Vega Riaño, sacerdote, 32 años y el hermano estudiante Serviliano Riaño Herrero, de 30. Veinte días más tarde llegó la hora de otros trece. Siempre sin denuncia, juicio, defensa, explicaciones; nada de nada, ni siquiera una puesta en escena o una simulación; sólo el anuncio de sus nombres por el altavoz.

Por tanto serán beatificados, Francisco Esteban Lacal, superior provincial, que murió con 48 años; Vicente Blanco Guadilla, superior local, 54; Gregorio Escobar García, sacerdote, 24; Juan José Caballero Rodríguez, estudiante, subdiácono, 24; Publio Rodríguez Moslares, estudiante, 24; Justo Gil Pardo, estudiante, diácono, 26; Ángel Francisco Bocos Hernández, hermano coadjutor, 53; Marcelino Sánchez Fernández, hermano coadjutor, 26; José Guerra Andrés, estudiante, 22; Daniel Gómez Lucas, estudiante, 20; Justo Fernández González, estudiante, 18; Clemente Rodríguez Tejerina, estudiante, 18; Eleuterio Prado Villarroel, hermano coadjutor, 21. Fueron conducidos a Paracuellos de Jarama, y allí fusilados.

Al parecer, todos murieron perdonando a sus verdugos, y a pesar de las torturas psicológicas padecidas durante su cruel cautiverio, ninguno de ellos perdió la fe, ni se lamentó por haber abrazado la vocación religiosa. Por ello sus familiares, los Oblatos y el pueblo cristiano les consideraron inmediatamente santos, y han pedido a la Iglesia que les reconozca como auténticos mártires cristianos.