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Los obispos de Kenia denuncian irregularidades previas a las elecciones generales del 4 de marzo y proponen soluciones

Aunque depende del país, África no es un continente donde abunden las garantías electorales. Y la Iglesia Católica levanta la voz cuando percibe que se acerca una cita con las urnas y aumentan los atropellos con tal de llenarse la cartera de votos. En Kenia, los obispos han salido al paso de esta situación con un documento durísimo antes de que las generales del próximo 4 de marzo pierdan todo sentido. En él, advierten a los políticos y reclaman a la IEBC (Comision Independiente Electoral y de límites) que se comporte conforme a la Constitución.

"Hemos observado con incredulidad cómo los partidos políticos llevaron a cabo sus primarias con un desprecio total por el imperio de la ley y los principios de la democracia. Hemos sido testigos de casos de caos, el soborno de votantes, un fraude planificado, el nepotismo y el desprecio total por los derechos democráticos del pueblo". Sin pelos en la lengua se expresó el cardenal Njué, presidente de la Conferencia Episcopal Keniana en rueda de prensa.

Estos comicios, que el ex presidente esloveno Alodj Peterle -miembro de la comisión observadora de la UE presente en el país- ha definido como "extremadamente importantes", miden al Movimiento Democrático Naranja (del presidente Raila Odinga) y a la coalición The Jubilee Alliance (de Uhuru Kenyatta y William Ruto), con ventaja en las encuestas para Odinga. La elección de 2007 provocó disturbios graves en todo el territorio por falta de garantías y muchos temen que se repita lo sucedido.

En su declaración, los obispos piden que todos los candidatos a cargos electivos se comprometan a respetar las reglas y de impugnar los resultados, si es necesario, a través de medios legales; a la Comisión Electoral, que ejerza su autoridad ante los sucesivos cambios en los plazos de presentación de candidaturas, "algo que los retrata como un capricho a petición de los partidos"; a los políticos, que cesen los sobornos y la explotación de divergencias étnicas; a los jueces, que clarifiquen los temas polémicos y el mecanismo de solución de controversias; y al Inspector de policía, para que disponga los planes de seguridad pertinentes en los distritos "vulnerables".

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