Este es el informe que Fiscalía ha remitido a Justicia sobre abusos sexuales en la Iglesia

El pasado 31 de enero, la ministra de Justicia Dolores Delgado preguntó a la Fiscalia General del Estado sobre las diligencias en curso sobre delitos de agresiones y abusos sexuales sobre menores de edad. 

En concreto, Justicia pedía a Fiscalía lo siguiente: “Informe sobre el número y el estado de las diligencias abiertas actualmente sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”. 

La Fiscalía acaba de responder a Justicia en un informe de siete páginas que Religión Confidencial publica íntegramente. En dicho documento, el Ministerio Público reconoce que  los "registros disponibles, sean informáticos o manuales, no proporcionan detalle sobre aspectos fácticos de la conducta supuestamente delictiva como los relativos a la condición del autor o al entorno o naturaleza de la institución en cuyo seno se produce el abuso o la agresión sobre el menor".

Es decir, a tenor de este texto, Fiscalía desconocen si los abusos a menores provienen de clérigos, o de la propia familia, o de entrenadores deportivos, o de profesores de colegios públicos o privados. 

Más agresiones en 2018 que el año anterior

Así mismo, el Ministerio Fiscal aporta algunas cifras sobre las denuncias y sentencias durante 2017 y 2018.  

Así, las sentencias penales dictadas en los años 2017 y 2018 por abuso sexual a menores de 16 años fueron de 390 en 2017, y 514 en el 18; agresión sexual a menores de 16 años con acceso carnal (violación) ascendieron a 11 en 2017 y 13 en 2018. En total de abusos, agresiones, violaciones o provocaciones en 2018 fueron mayores que en 2017 (737 frente a 560) . 

Respecto a los casos de abusos por parte de la Iglesia Católica, el Ministerio Fiscal califica de "realidad compleja, pues se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos".

Ciertamente, hace ya más de una década que la Iglesia expresó su tolerancia cero frente a los abusos y su compromiso de transparencia, puesta en conocimiento a la Justicia y protección a las víctimas.

Iniciativas a nivel internacional 

Por otra parte, el Ministerio Fiscal señala diversas iniciativas de carácter institucional que se han puesto en marcha en otros países con la finalidad de detectar los casos y calibrar la entidad del fenómeno: La “Real Comisión” creada en el año 2012 en Australia, la “Comisión Deetman” en Holanda o la Comisión de investigación dependiente de la Conferencia Episcopal en Austria. 

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado alaba las actuaciones que en este ámbito está llevando a cabo los centros de enseñanza católicos (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), en el de diversas diócesis de España (como las de Burgos, Sigüenza y Astorga) y en el de la propia
Conferencia Episcopal Española, "todas ellas orientadas a elaborar o actualizar los protocolos de actuación ante situaciones de abuso a menores por parte del personal de dichas Instituciones". 

Pero reconoce que el panorama es insuficiente y "está necesitado de un mayor impulso y de nuevas iniciativas en relación al establecimiento de mecanismos eficaces para la adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas en centros e instituciones religiosas". 

La Fiscalía iniciará contactos con instituciones de la Iglesia 

Por ello la Fiscalía General del Estado ha anunciado que de forma inmediata, iniciará los contactos con las instituciones y entidades implicadas a fin de establecer cauces de comunicación y colaboración para profundizar en esta línea.

La polémica del informe radica en lo que aconseja el Ministerio Público: poner en conocimiento las sospechas de abusos sexuales tanto a las autoridades encargadas de la protección de menores como a la Fiscalía", medida que puede conllevar un arma de doble filo, al poder ser sospechoso todo religioso, profesor o educador de niños.

Y además, insta a estas instituciones a evitar "comprobaciones o filtros internos", porque son las autoridades competentes en protección de menores quienes deben asumir el estudio del caso.