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Bajo el grito de “Libertad” miles de manifestantes inundan las calles de más de 30 ciudades contra la ley Celaá

El manifiesto de siete puntos de la Plataforma Más Plurales, denuncia un control político de la educación y una agresión a la libertad de conciencia

Manifestación de Más Plurales.
photo_camera Manifestación de Más Plurales.

Bajo el grito de “Libertad, libertad”, miles y miles de manifestantes en más de 30 ciudades de toda España han salido a las calles para protestar por lo que consideran un atropello a sus libertades democráticas y educativas.

"La Ley Celaá es una ley partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de la educación española. Su único objetivo es hacer más estatalista la educación y reducir de manera drástica la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, basado en la complementariedad de los modelos público y concertado", dice la plataforma Más Plurales en un comunicado. 

Único modelo de educación
 

Según la plataforma, la Ley Celaá impone un único modelo de educación y elimina la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, como se ha estado haciendo desde hace tres décadas hasta ahora sin problemas de ningún tipo, ni por los conciertos educativos ni por la presencia de la asignatura de Religión en la escuela.
 
En Madrid, miles de vehículos han colapsado este domingo el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cibeles y de Cuzco y las calles adyacentes. Las familias, profesores y ciudadanos que participaron en esta manifestación con vehículos respetaron las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias y la policía. 

A tiempo para rectificar 

La Ley Celaá se aprobó el pasado 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados y ahora continúa su tramitación en el Senado. La Plataforma Más Plurales considera que todavía hay tiempo para rectificar una ley contraria a las libertades constitucionales y que, además, pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de los centros de educación especial y del profesorado de religión que imparte clases en los centros públicos.

Al final de la manifestación, los representantes de Mas Plurales leyeron un manifiesto en el que volvieron a pedir la retirada de una Ley que apuesta por una escuela única y pública y que elimina la pluralidad educativa.

Como dice el manifiesto, “la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana”. Además, “instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad y presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma”, propiciando que se recurra la Ley “en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo”.

Las organizaciones educativas reunidas en la Plataforma Más Plurales lamentan que la Ley Celaá continúe con el acoso y derribo a la enseñanza concertada al considerarla subsidiaria de la pública. La Ley rechaza la demanda social y margina la facultad de elección de las familias a la hora de elegir centro educativo.

La Plataforma Más Plurales pide la retirada de la Ley Celaá porque es frontalmente contraria a la libertad de enseñanza y al principio de la complementariedad de redes que establece el artículo 27 de la Constitución.

La LOMLOE, que se ha tramitado de espaldas a la comunidad educativa en plena pandemia por la COVID’19, no ha buscado ni el diálogo ni el consenso, y mucho menos, se ha buscado avanzar en un Pacto de Estado por la Educación.  
 

Manifiesto final de la manifestación del 22 N


Estos son los siete puntos del manifiesto: 

1.    NO TOLERAREMOS límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia. Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de nuestra sociedad de mañana.

2.    DEFENDEMOS la complementariedad de las redes pública y privada concertada. No admitimos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.

3.    NO ACEPTAREMOS el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial.

4.    EXIGIMOS mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros educativos. La LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo. La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial.

5.    DENUNCIAMOS que, a través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.

6.    RECLAMAMOS al Estado la obligación que tiene de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos.

7.    DECLARAMOS que no nos cansaremos, que no cejaremos, que no decaeremos. Durante la tramitación de la ley, si no se modifica suficientemente, seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo. Instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma, solicitaremos la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tan pronto sea posible, recurriremos en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo y alentaremos la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social.

"Hacemos un llamamiento a toda la sociedad y a todos los ciudadanos para que muestren el rechazo absoluto a la eliminación de derechos democráticos y libertades que supone esta LOMLOE. Hay que parar la Ley Celaá. Stop a la Ley Celaá", finalizan. 

Sindicatos, asociaciones de padres, profesores 
 

Forman parte de la Plataforma Más Plurales diferentes sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y organizaciones educativas.
Los colectivos afectados por la Ley Celaá y representados en la Plataforma Más Plurales en cifras:

  • Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo.
  • Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijas e hijos.
  • Los más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de religión, relegada a un segundo plano en la nueva ley.
  • Más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos

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