Iglesia-Estado

Expertos defienden que la ley de libertad religiosa no debe derogarse ni conducir a una religión política

En la Jornadas Canónicas sobre Acuerdos Iglesia-Estado, organizadas por la Universidad Católica de Valencia

Carlos López Segovia, Asuntos Generales de la CEE.
photo_camera Carlos López Segovia, Asuntos Generales de la CEE.

La jornada sobre los Acuerdos Iglesia-Estado celebrada en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia (UCV) concluyó que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LORL) no necesita su derogación, sino actualización con consenso parlamentario y alejado del intento de propugnar un “laicismo militante” y una “religión política”.  

Según explicó el catedrático de la Universidad de Extremadura, Jaime Rossell, “la cooperación Iglesia-Estado ha de moverse en un delicado equilibrio, construyendo un modelo de laicidad positiva que no de laicismo, defendido por partidos políticos y sectores sociales que podría convertirse en una suerte de religión política. Desde el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos y apoyado puntualmente por otros grupos políticos, no es difícil pensar según lo expresado en diferentes documentos políticos y proposiciones de ley, que podría convertirse en realidad”.  

Laicismo militante

Además, “esto daría paso a una ley sin consensos parlamentarios que alumbrase una nueva regulación que apuesta por el laicismo estatal más que por la neutralidad del Estado ante el hecho religioso. Ese laicismo militante se nos presenta al modo de una religión política propia de sistemas totalitarios, o en los que, en aras de una pretendida neutralidad, se excluya cualquier manifestación religiosa de la vida pública”, ha asegurado.  

Rossell, quien es miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, afirmó igualmente que “cuando el PSOE habla de avanzar en el desarrollo del principio de laicidad, olvida el sentido en que se utiliza este término por nuestro Tribunal Constitucional (TC). Y esa llamada a no confundir entre funciones religiosas y estatales es suficiente como para no necesitar una modificación de la LORL en la que se especifique cómo debe regularse el uso de símbolos religiosos en el espacio público, la presencia o no de funcionarios en actos religiosos o la neutralidad del estado en los actos públicos”.  

“Coincidencia en modificar la LOR”

“La laicidad a la que se refiere el PSOE y en la que quiere seguir profundizando ya está garantizada en nuestro ordenamiento y amparada en la legislación en vigor. No es que la LORL no sea inmutable, pero ya protege suficientemente la cooperación de las confesiones religiosas, así como las concepciones no fideístas (ateos, agnósticos o indiferentes)”, destacó Rossell. 

Así mismo, subrayó que “existe una coincidencia acerca de la necesidad de modificar la LOR adaptándola a los tiempos actuales, pero no por ello su derogación, como propuso ERC que lo que buscaba era seguir ahondando en la descentralización administrativa a través de la gestión del fenómeno religioso. La proposición de ley no prosperó, pero introdujo la necesidad de regulación de la libertad ideológica o de pensamiento y conciencia que se ha convertido en uno de los argumentos que se esgrimen para proponer una nueva ley”.  

“La Ley de 1980 sirvió para la concordia, que debería prevalecer en la España de 2021”, concluyó Rossell.   

 Abusos a menores

Durante las jornadas se celebró una mesa redonda centrada en la doctrina en relación al seguimiento de los delitos sexuales contra menores, en la que el juez Francisco de Asís Silla, titular del Juzgado de Instrucción número 3 y profesor de la UCV, ha disertado sobre los aspectos penales que pueden derivarse contra el ordinario como consecuencia de estos delitos, conocido penalmente como indemnidad sexual de los menores de edad.     

El juez se refirió  a las características y peculiaridades de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual –recogidos en el título octavo del código penal y que equivalen en el Código de Derecho Canónico a los pecados contra el sexto mandamiento- así como a las consecuencias que pueden derivarse. La idea en la quiso incidir es en “la necesaria colaboración de los tribunales eclesiásticos con los tribunales ordinarios en el orden penal”.     

Por su parte Carlos López Segovia, vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), subrayó que “la Iglesia es la mayor interesada en que se haga justicia en este tipo de causas, en aras a un mejor cumplimiento de su misión evangelizadora”.   

En este sentido, López Segovia sostuvo que “sería contradictorio que no buscáramos que se haga justicia, escondiéndonos detrás de no estar obligados a colaborar con la justicia, cuando todas las intervenciones pontificias en esta materia, subrayan con insistencia, la obligación de colaborar con las Autoridades del Estado”.   

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