Iglesia-Estado

Padres y centros indignados con la ley Celaá: esperan cambios en el trámite parlamentario

Escuelas Católicas, CECE, Concapa y Fundación Servanda instan a los partidos políticos a presentar enmiendas encaminadas a respetar más las elección de los padres

La ministra Isabel Celaá en la inaguración del XV Congreso de Escuelas Católicas.
photo_camera La ministra Isabel Celaá en la inaguración del XV Congreso de Escuelas Católicas.

Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Fundación Servanda y la Concapa, son algunas organizaciones que han mostrado su total desacuerdo a la ley Celaá, el proyecto de Ley de Educación que ahora se llamará LOMLOE y que presentó el pasado martes el gobierno PSOE-Podemos. 

En declaraciones a Religión Confidencial, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, espera que grupos parlamentarios como el PP o Ciudadanos, presenten enmiendas encaminadas a respetar más las decisión de los padres. 

Supresión de la demanda social 

"Resulta especialmente preocupante la supresión del criterio de la demanda social en la programación de puestos escolares, y la inclusión de un representante municipal, que no es otra cosa que un “comisario político”, en los Consejos Escolares de los centros concertados. Esperemos que en el turno de enmiendas se incluya la opinión de los padres a la hora de elegir colegio", recalca Alvira a RC. 

Escuelas Católicas ha expresado su su preocupación ante la aprobación de este proyecto de Ley de Educación que en su opinión nace sin consenso; considera a la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública; y limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección a la "planificación" administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas. 

Escuelas Católicas ya se han reunido con representantes del PP, Ciudadanos, PNV y PSOE, y esperan poder hacerlos con los de Vox y Podemos.  Incluso han hablado con Esquerra Republicana. 

Asignatura de religión 

Respecto a la asignatura de Religión, Escuelas Católicas, que agrupa  más de 2.000 colegios católicos de España, "podrían admitir" que la nota no contara para la media ni para obtención de becas pero sí consideran que debe ser una materia evaluable.

"Lamentamos que se degrade el estatus de la clase de Religión, a pesar de ser una asignatura que elige libremente la inmensa mayoría de los padres y contribuye al desarrollo integral de la persona, objetivo último de la educación", afirman. 

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza también han manifestado su preocupación por la precipitación de esta ley, e insisten en la necesidad de que en el trámite parlamentario se busque el consenso que en ocasiones anteriores el PSOE siempre reclamó. 

Recorta la libertad de las familias 

Para la CECE, el texto de este proyecto recorta la libertad de las familias cuya libertad de elección quedará subordinada a la planificación de las administraciones educativas, lo cual supone una pérdida de igualdad de oportunidades de acceso a la educación concertada y reclaman que la red pública y concertada sigan funcionando en un régimen de complementariedad dentro de un equilibrio que esta ley quiere romper. 

Por su parte, el presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha manifestado su absoluto desacuerdo con una ley impuesta, que no ha contado con el mínimo consenso, diálogo ni acuerdo, donde las familias no se han tenido en consideración en ningún momento, desaparece la demanda social, se aprueba con asignaturas suspensas, se vuelve a marginar a la religión (hay que recordar que la solicitan de forma voluntaria esta asignatura más de tres millones y medio de alumnos) y se pone en riesgo la continuidad de concierto educativo.

Suprimir la pluralidad educativa 

"Por dónde va la nueva ley? Pues por lo que todos adivinábamos: suprimir la pluralidad educativa -por ejemplo, se castiga a los modelos de coeducación-, se degrada a la asignatura de Religión -sin alternativa y peso específico alguno, vulnerando la libertad religiosa-, se impone una asignatura de educación en valores cívicos y éticos -vuelta a la antigua EpC-, se da más peso a las Comunidades Autónomas en los contenidos y en la lengua -olvidando el conocimiento de la lengua materna-, se añaden algunas trasversales “nuevas” como el desarrollo sostenible o la igualdad de género -creando más controversia-, y finalmente se apuesta por la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años vertebrándola por la red pública -en claro perjuicio de la red concertada". denuncia Caballero. 

El presidente de Concapa ha señalado que “los padres no vamos a ceder nuestras responsabilidades al Estado y consideramos que la educación debe respetar la pluralidad de la sociedad, correspondiendo a los padres colaborar y participar activamente en la escuela y en la educación de sus hijos”.

También, el presidente de la Fundación Servanda Juan Carlos Corvera ha denunciado este proyecto de Ley: "La Ley Celaá es ya una realidad. Si lo que pretende es convertir España en un gran orfanato estatal, es el camino". 

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