Iglesia-Estado

Consellera valenciana de Esquerra pretende recuperar bienes inmatriculados por la Iglesia

Rosa Pérez Garijo considera que ha sido “el mayor expolio de patrimonio histórico” de España

Rosa Pérez Garijo.
photo_camera Rosa Pérez Garijo.

La consellera valenciana de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo ( coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià), se reunió ayer con representantes del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana para poner en marcha acciones que permitan la reversión de inmuebles públicos que se encuentran en el listado de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica.

Durante el encuentro, las representantes de los registradores y las registradoras informaron de las vías para reclamar inmuebles que puedan estar inscritos indebidamente.

El Gobierno español hizo público el listado de inmuebles el pasado 16 de febrero. De los 35.000 detectados, 912 se encuentran en la Comunidad Valenciana.  La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que “más allá de cualquier discrepancia, las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia se produjeron al amparo de la legalidad”.

Pérez Garijo es  abogada, y desde 2019 consellera de la Generalitat Valenciana. Ya el pasado 17 de febrero, expresó que desde el Gobierno valenciano trabajarán “para que los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica retornen a la ciudadanía valenciana”.

Los ayuntamientos, legitimados para reclamar
 

En concreto, subrayaron que son principalmente los ayuntamientos los legitimados para realizar estas reclamaciones. Por ello, Rosa Pérez Garijo anunció  que su departamento "colaborará" con ellos para detectar "que inmuebles constan los inventarios de bienes públicos" y "preparar la documentación necesaria".

La consellera de Calidad Democrática ha anunciado asimismo que se reunirá con la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, para comprobar las circunstancias y características de cada propiedad y determinar así si son susceptibles de reclamación.

La consellera ya pidió el listado hace un año 
 

El departamento dirigido por Pérez Garijo solicitó en enero de 2020 el listado de los bienes immatriculados por la Iglesia Católica en la Comunidad Valenciana para comprobar si existían inmuebles que podían revertir en el patrimonio público.

Posteriormente, en el mes de julio, se envió una carta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, adscrita al Ministerio de Justicia, donde se reiteró esta petición.

En la misiva, la consellera Pérez Garijo argumentaba que el fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles "ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país para la Iglesia Católica, propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de ningún dominio, mediante un procedimiento de auto-certificación". 

“La autocertificación es inconstitucional”

De hecho, tal y como recoge el escrito remitido al Gobierno central el pasado mes de julio, entre 1996 y 2015 esta posibilidad de autocertificación continuó manteniéndose a través de modificaciones legislativas en 1996 y 1998 "bajo preceptos que difícilmente pueden sostenerse debido a su inconstitucionalidad ".

Con la modificación de la Ley Hipotecaria en 1998 se permitió la inscripción de bienes públicos "expoliados por la Iglesia Católica con una certificación del órgano diocesano correspondiente, lo que ha derivado en la privación a las valencianas y valencianos de la utilización de estos bienes inmuebles en todo este tiempo, además de perderse la rentabilidad patrimonial que pudo derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas ", afirmaba Pérez Garijo.

Desde la Consellería han destacado a Religión Confidencial que “no es hasta 2015, con la aprobación de la Ley de 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria, cuando queda circunscrita únicamente a las Administraciones Públicas y a las entidades de Derecho Público la facultad de autocertificar la titularidad a su favor de las fincas e inmuebles”.
 

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