La escuela concertada denuncia los ataques del gobierno valenciano a la independencia judicial
Ante la decisión de suspender la supresión de conciertos, Mónica Oltra afirma: “Se hace tutela de privilegios, no derechos: estoy estupefacta"
El pasado 13 de julio los colegios concertados la Purísima Franciscanas y el Instituto Cultural Domus recibieron la noticia del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de que se suspendía cautelarmente la supresión de conciertos en Bachillerato que había decidido la Consellería de Educación, pese a que habían alegado falta de recursos económicos de las familias y falta de plazas en centros públicos.
El máximo órgano judicial de la Comunidad Valenciana justifica en su auto de suspensión cautelar “el daño irreparable que supondría la supresión del concierto, ya que privaría de efectividad a la futura sentencia”.
Ante esta decisión judicial, en una rueda de prensa ofrecida por Mónica Oltra, vicepresidenta del tripartito valenciano, y a preguntas de los periodistas tras ese nuevo varapalo judicial a la política educativa del gobierno autónomo, Oltra calificó al TSJCV de “erigirse en segunda cámara”, entrometerse en una “decisión política, no judicial”, “cargarse la separación de poderes” y que “para decidir hay que presentarse a elecciones, no a oposiciones, que aunque rime no es lo mismo”, llegando a manifestarse “estupefacta, porque el tribunal hace tutela de privilegios, no de derechos”.
Declaraciones inaceptables en democracia
Desde la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) han afirmado a Religión Confidencial que “las declaraciones de Mónica Oltra sobre la decisión judicial de suspender cautelarmente la supresión de conciertos en dos colegios son inaceptables en democracia”.
Para Vicente Morro, presidente de FCAPA – que agrupa a cerca de 58.000 familias y más de 95.000 alumnos de la provincia de Valencia -, “la vicepresidenta Oltra puede haber efectuado esas declaraciones quizá por nerviosismo o desesperación, pero su ataque frontal a la independencia judicial es inaceptable, absolutamente inaceptable en democracia”.
“Los ciudadanos estamos viendo vulnerados nuestros derechos por las imposiciones y ataques del tripartito, que no dialoga ni respeta a la sociedad, y es la sociedad civil quien defiende sus derechos: nueve recursos contenciosos contra el Decreto de imposición lingüística y cinco contra el Decreto de conciertos, junto con todos los interpuestos contra la eliminación de aulas”, ha expresado Morro, resaltando que la “estupefacción es de las familias, de la sociedad valenciana”.
“Hemos ganado una batalla”
Para Javier Sebastián portavoz de la Plataforma Libertad de Enseñanza 27.1, que agrupa a la mayoría de escuelas que han perdido aulas de Bachillerato en el procedimiento de renovación de conciertos, el auto judicial del pasado 13 de julio supone que “hemos ganado una batalla en defensa de la libertad de los padres”.
Este auto de suspensión cautelar del TSJCV abre la puerta a que otros centros que han visto suprimidos los conciertos presenten recurso contencioso, incluyendo o no la petición de la suspensión cautelar, y tienen de plazo hasta el próximo 20 de julio.
El recorte en conciertos de Bachillerato afectó a 21 centros – de los 103 que tenían concierto en esa etapa -, eliminando 27 líneas.
Más suspensiones cautelares
El TSJCV comunicó ayer más suspensiones cautelares de supresión de conciertos, lo que equivale a prorrogar el concierto hasta que haya sentencia. Se trata del Colegio Saint Patrick School (Bétera, Valencia), que afecta a 3 unidades de Infantil, y del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle (Alcoy, Alicante), que afecta a 4 unidades de Bachillerato.
El máximo tribunal valenciano justifica la suspensión, como en el auto del 13 de julio, en la doctrina del Tribunal Supremo.
