Padres de colegios católicos acusan al Gobierno de no asumir responsabilidades ante el inicio del curso escolar

Ante la incertidumbre existente en las familias sobre cómo se podrá realizar la incorporación a las aulas el próximo mes de septiembre, el presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha reclamado a las administraciones educativas y sanitarias estatales y autonómicas que “asuman ya sus responsabilidades y competencias y empiecen a trabajar para que tengamos una incorporación a las aulas segura”.

Caballero señala que “en esta situación de rebrotes continuos que se incrementan a diario, observamos que las administraciones competentes en materia de sanidad y educación no están trabajando coordinadamente para conseguir un inicio de curso ‘normalizado’, con evidente dejación de sus responsabilidades al derivarlas a centros educativos, familias y profesorado”, mientras que las familias sí saben cuáles son sus responsabilidades y las asumen. “Falta coordinación y liderazgo en la toma de decisiones y en la elaboración de protocolos que faciliten una incorporación segura a las aulas, válidos para todo el territorio nacional y sobre todo viables. Volvemos a llegar tarde a todo”, apunta.

La falta de coordinación entre las administraciones, la insuficiente inversión económica para adaptar todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos y la falta de recursos materiales, sanitarios y de personal docente, de tecnología, por no hablar de la adaptación de currículos, no hacen más que constatar el despropósito de la situación actual.

Ante esta incertidumbre, CONCAPA reclama al Ministerio de Educación y al de Sanidad -así como a los responsables autonómicos- que abran los colegios, que certifiquen y garanticen las medidas sanitarias imprescindibles y que inviertan lo necesario para adecuar todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos a la nueva situación creada por la pandemia, respetando la autonomía real de los centros, tanto organizativa como pedagógica, de gestión y uso de recursos.

Falta de responsabilidad de las administraciones 

Y de cara a las posibles consecuencias, hay que decir que esta falta de responsabilidad de las administraciones públicas, las desautoriza para poder reclamar responsabilidades a las familias y, si no hay garantías suficientes, CONCAPA no podrá animar a las familias a que lleven sus hijos al colegio, por la incompetencia de unos políticos que, no solo juegan con la educación, sino con la salud de nuestros hijos, menores de edad y merecedores por tanto de una especial protección. “La enseñanza es obligatoria y las familias lo sabemos, pero las administraciones competentes tienen que certificar y garantizar la seguridad sanitaria en las aulas y en los colegios”, dice el presidente de CONCAPA.

Desde CONCAPA se añade que siempre se ha apostado por un inicio de curso escolar de manera presencial, considerando que es en el formato de educación presencial donde se garantiza la igualdad de oportunidades para todos. Las familias necesitan también que las aulas permanezcan abiertas para poder conciliar la vida laboral y familiar, pero “siempre que se garanticen las medidas sanitarias necesarias” y que dicha incorporación sea lo más segura posible. Entendemos que el riesgo “0” no existe, pero si todos ponemos de nuestra parte, con el consenso y la colaboración de toda la comunidad educativa, conseguiremos un inicio y desarrollo de curso cercano a la normalidad vivida otros años.

Dada la evolución de la pandemia y lo cambiante de la situación, Pedro José Caballero, termina diciendo que son imprescindibles los test masivos y periódicos a toda la comunidad educativa -profesores, alumnos y personal del PAS-, para poder garantizar la necesaria  seguridad en la vuelta a las aulas y, por otro lado, exigimos también que aquellos alumnos que precisen permanecer en casa, por cualquier motivo relacionado con los efectos o riesgos de esta pandemia, tengan garantizado su acceso a la educación a distancia -online- para que ni esta emergencia sanitaria ni la falta de previsión de las administraciones supongan un freno o retroceso a su progreso académico.