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Una comisión de abogados pone a disposición del PP, Vox y Ciudadanos un argumentario jurídico para recurrir la ley Celaá

"Educación por Derecho", integrada por juristas que han defendido a obispados, pretende coordinar el conjunto de las acciones legales que se van a plantear a partir de ahora

Manifestación de Más Plurales.
photo_camera Manifestación de Más Plurales.

Ante las amenazas a la Libertad de Educación, se ha constituido una Comisión Jurídica Nacional "Educación por Derecho" para garantizar su defensa. Se trata de un experimentando grupo de profesionales del Derecho, abogados, que han unido fuerzas en todo el territorio nacional en favor de la libertad de educación y coordinar el ejercicio de acciones legales en su defensa.

Esta Comisión Jurídica, de vocación eminentemente práctica, surge tras años de acciones legales en tribunales nacionales e internacionales de diferentes órdenes, defendiendo la Libertad de Educación. 

Argumentario jurídico 

El director de esta Comisión, el abogado Francisco Lamoneda, ha explicado a Religión Confidencial que una de las acciones más inminentes que van a llevar a cabo es poner a disposición de partidos como PP, Vox y Ciudadanos un argumentario jurídico completo para que puedan recurrir la ley Celaá ante el Tribunal Constitucional. 

"Una vez que se apruebe esta ley y salga publicada en el BOE, se podrá presentar un recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. Quienes están legitimados para recurrir son los partidos políticos con más de 50 parlamentarios o el Defensor del Pueblo. Ciudadanos se puede adherir a PP y Vox, ya que superan los 50", apunta Lamoneda. 

Acciones judiciales ante los tribunales europeos 

Lo que sí puede hacer esta Comisión es interponer acciones judiciales en el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo así como el de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

"La inconstitucionalidad de la ley es tan evidente que vulnera los artículos 3 y el 27 de la Constitución: no garantiza el idioma español en todo el territorio, margina la asignatura de religión vulnerando los acuerdos con la Santa Sede, introduce en al escuela la ideología de género que es una forma parcial de entender la visión antropológica del ser humano, vulnera la libre elección de los padres ya que en la escuela pública no te matriculas en el centro que tu quieres sino en el que te inscriban y carece de ideario propio", explica el director de esta Comisión. 

Ya han representado a obispados 

Este grupo de abogados ya han representado a distintas asociaciones de padres y obispados en cuestiones que atentaban contra el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y sobre la asignatura de religión, y en la mayoría de las sentencias han sido favorables a esta Comisión. 

"Han sido muchos los recursos y ante distintas instancias. Antes estábamos descoordinados y cada abogado planteaba el caso a su manera. La Comisión nació inicialmente hace unos meses para dar solución a esta falta de unidad de acción, ya que nos encontrábamos con resoluciones diferentes para casos similares y ello a veces podría tener su origen en los distintos planteamientos que se hacía ante los distintos tribunales", señala el abogado Francisco Lamoneda. 

Entre las entidades que han defendido se encuentran obispados de Andalucía, Asturias, Arzobispado de Zaragoza, obispados de de Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza), Asociación de Padres de la Escuela Pública de Extremadura, Asociación Educación integral o la Asociación de Docentes de Centros Públicos de Extremadura.

Forman parte de esta Comisión los despachos de abogados Rich Abogados, Lafuente-Posada, Marc González y Asociados entre otros. 

Sin ánimo de lucro 

"Es importante destacar que esta Comisión no surge para "captar clientes" pues la Comisión no tiene ánimo de lucro, sino para servir a la sociedad, a los padres y en definitiva, a la Libertad", apunta Lamoneda. 

Este es el objeto de esta Comisión: coordinar el conjunto de las acciones legales que se van a plantear a partir de ahora a nivel autonómico y nacional, a fin de exigir el escrupuloso cumplimiento de la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, así como la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Esta Comisión Jurídica nace en defensa del modelo educativo que recoge el artículo 27 de nuestra Constitución, en el que la Libertad de Educación es nuclear. "La Comisión no escatimará esfuerzos ni recursos en acudir y recurrir ante las instancias que correspondan y ante tribunales de cualquier orden, ya sean nacionales, europeos o internacionales, para exigir el respeto al derecho fundamental a la Libertad de Educación", dice la Comisión en un comunicado. 

Así, esta Comisión Jurídica, que está en permanente contacto con entidades como Más Plurales, Fundación Servanda o San Pablo Ceu, defiende que los padres puedan elegir libre y voluntariamente la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas o religiosas y rechaza frontalmente la imposición estatal de materias y principios con sesgo ideológico. "Reclamamos así, una auténtica Educación por Derecho", subrayan. 

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