Iglesia-Estado

Los obispos del Sur publican una carta criticando esa imposición

Ley LGTBI en Andalucía aprobada por unanimidad: “Aunque obispos y padres discrepen, es David contra Goliat”

Colegios católicos estudian cómo preservar el derecho de las familias a la libertad de educación, aunque la norma es de obligado cumplimiento

Los doce obispos del Sur de España.
photo_cameraLos doce obispos del Sur de España.

La ley LGTBI de la Junta de Andalucía ha sido aprobada por unanimidad. Todos los partidos políticos han dicho sí a esta controvertida normativa, de obligado cumplimiento en la enseñanza pública y concertada privada. Los obispos del Sur han escrito una carta “que ilumine a nuestros fieles y ayude a la reflexión social”. Por su parte, la Federación Española de Centros de Enseñanza privada y concertada (CECE), está estudiando cómo preservar el derecho a la educación que asiste a los padres.

La ley 8/2017 de 28 de diciembre, para “garantizar los derechos de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía” y publicada por el BOJA el pasado 15 de enero es similar a las aprobadas en otras comunidades autónomas. 

Los obispos del Sur publicaron ayer una carta criticando esta imposición. Por su parte, la Federación Española de Centros de Enseñanza Privada de Andalucía (CECE-Andalucía) no ha emitido, hasta el momento, un comunicado oficial. Sin embargo, según ha podido saber Religión Confidencial de fuentes cercanas a esta entidad, están estudiando cómo preservar el derecho de las familias a la libertad de educación.

“La ley se ha aprobado por unanimidad, con el visto bueno de todos los grupos. Por lo tanto, la normativa es de obligado cumplimiento. Por mucho que padres y obispos discrepen, es David contra Goliat”, expresan las mismas fuentes.

Desde la CECE se está analizando con detenimiento la ley antes de emitir cualquier opinión, puesto que a esta patronal pertenecen centros con distinto ideario. “La Junta debe respetar el ideario de los centros católicos y la libertad de educación de los padres. Por lo tanto, cuando se produzca un conflicto entre la nueva normativa LGTBI y el derecho de las familias, debemos conocer la legislación que ampara el derecho de los padres”, dicen las fuentes consultadas por RC.

Los obispos del Sur, preocupados

Por su parte, los obispos del Sur han publicado una carta de diez puntos criticando esta imposición.  “Nos parece preocupante que esta ley pueda dar lugar a la imposición a todos los ciudadanos andaluces de una ideologizada visión concreta del hombre. Aunque aparentemente persigue un fin bueno, como es el respeto a todas las personas independientemente de su condición y tendencia sexual, sin embargo, en el fondo asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género, que pretende eliminar los conceptos de varón y mujer, separando la identidad de la corporalidad, intentando así deconstruir el cuerpo humano, el matrimonio y la familia”, dice el punto 2.

En el tercer punto aseguran que “es una ley que excede con mucho su objetivo de combatir la discriminación. No es justo que, en nombre del bien común, se imponga una antropología y una determinada visión moral, que es de hecho una amenaza para la vida familiar, la educación y el ejercicio de la medicina”.

Entre otras cuestiones, discrepan en la imposición a no recibir terapia alguna cuando lo que debe existir, más bien, “es el derecho a ser tratado adecuadamente. Ninguna institución tiene el derecho a imponer un tratamiento médico por razones ideológicas”.

Los prelados subrayan en el punto 9 que “todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, merecen respeto y es justo evitar discriminaciones; pero esto no puede dar lugar a la promoción e imposición de ideas defendidas por la ideología de género. Por ello, invitamos a todos, y muy especialmente al pueblo cristiano, a no permanecer pasivos ante el peligro que suponen los postulados de la mencionada ley para la libertad religiosa, de educación y de pensamiento”.

Multas de hasta 120.000 euros  

La ley prohíbe el uso de terapias que supongan un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la “identidad de género autopercibida”. Cualquier tipo de terapia que pretenda “modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de ajustarla a un patrón heterosexual y/o bisexual”, será considerada como fracción muy grave y la multa puede ser de 60.001 hasta 120.000 euros.

Además, exige a los colegios a incluir en los contenidos del material educativo la expresión de género así como una educación no binaria, que visibilice la diversidad corporal y sexual, y la diversidad familiar.

 La Consejería competente en materia de educación no suscribirá conciertos administrativos con aquellos centros que en su ideario planteen algún tipo de discriminación al alumnado por razón de orientación sexual, identidad de género o pertenencia a familia homoparental en sus planes de estudios”, dice la ley.

Quien no cumpla con esta ley, puede ser multado. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de hasta 6.000 euros. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 6.001 hasta 60.000 euros y las  infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 60.001 hasta 120.000 euros.






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