Iglesia-Estado

Leire Pajín tendrá difícil aprobar la ley de igualdad. La mesa del Congreso rechaza tramitarla como urgente

La mesa del Congreso ha rechazado la petición del gobierno de tramitar por vía de urgencia la ley de igualdad, con los cuatro votos del PP, el voto de CiU y el de PNV, frente a los tres del PSOE. La ministra Leire Pajín tendrá ahora difícil que se apruebe dicha ley en esta legislatura. El PNV, aliado del gobierno, se ha desmarcado.

A pesar del duro revés que supone este rechazo a la vía de urgencia, que hubiera supuesto acortar a la mitad los plazos parlamentarios, el gobierno sigue “convencido” de que dicha ley se va a aprobar antes de que finalice la legislatura, pues “hay tiempo de sobra”, según fuentes de Sanidad.

El PP había anticipado su voto en contra de la tramitación acelerada por considerar que es un texto complejo que ha suscitado dudas incluso en los órganos consultivos que lo han examinado.

CiU comprometió su apoyo al PP tras una negociación. Pero no se esperaba que el PNV, aliado parlamentario del PSOE, sumara su voto a los del PP y CiU, pues la estrategia inicial del partido vasco era apoyar la tramitación urgente del texto y presentar después enmiendas al proyecto de ley. Pero en el último momento, el PNV ha marcado distancias con el gobierno.

Una de las cuestiones que más dudas plantea el proyecto de ley es su rechazo a subvencionar colegios de educación diferenciada. El Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y las patronales CEOE y CEPYME han afirmado que este tipo de educación no puede considerarse discriminatoria. Además, el Consejo de Estado advirtió que para aprobar la ley de igualdad debían reformarse varios artículos de la ‘Ley orgánica de educación’ (LOE).

El presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, considera que “sería muy positivo” que la ley no se aprobara en esta legislatura, pues se asegurarían “las libertades contra las que el proyecto atentaba”. Pero añade que “debe quedar constancia de que se ha intentado intervenir en la libertad de enseñanza, religión y contratación”.

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