El consistorio la retiró con nocturnidad invocando la Ley de Memoria Histórica

Alta tensión en el municipio de Callosa de Segura por retirar una cruz que es “propiedad de la parroquia”

El párroco asegura que el ayuntamiento no ha esperado a que los tribunales se pronuncien sobre la titularidad del Monumento de los Caídos

Retirada de la Cruz de Callosa de Segura.
Retirada de la Cruz de Callosa de Segura.

Ayer, a las 4 de la madrugada, el ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) retiró la cruz del Monumento de los Caídos, propiedad de la parroquia de San Martín de Obispo, con un fuerte dispositivo de seguridad: más de 60 guardias civiles y agentes locales vigilaron mientras  los operarios del ayuntamiento procedían a la retirada de la cruz. Se personaron sin previo aviso en la plaza de la Iglesia y retiraron el monumento denominado “Cruz de los Caídos”.

Dos jóvenes, que en esos momentos mostraron su oposición a la retirada de la cruz, fueron detenidos.

La parroquia ha expresado a Religión Confidencial que la retirada “supone un manifiesto daño en los derechos de la parroquia y de los feligreses que han defendido el patrimonio de la Iglesia, invadiendo el suelo parroquial, y sin haberse delimitado en los tribunales el dominio público al que afectaba la actuación”.

Sin previo aviso

“Se está dilucidando en los tribunales la titularidad del bien afectado (la cruz) y el ayuntamiento no ha esperado al pronunciamiento judicial movido por intereses políticos”, han expresado desde la parroquia.

En Callosa de Segura, población alicantina de 18.500 habitantes, gobierna un tripartito de izquierdas – PSOE, Izquierda Unida y la marca local de Podemos -, que había tomado la decisión de retirar la cruz. Las protestas de los vecinos han sido constantes estos meses, y han constituido la Plataforma en Defensa de la Cruz.

Desde la parroquia destacan que la retirada “no ha sido objeto de comunicación formal previa a la parroquia mediante escrito del ayuntamiento en que se hiciese constar de manera específica el día y la hora de la intervención, los medios materiales, el personal asignado y cuanto permitiera tomar medidas para ejercer los derechos o tomar las cautelas para evitar posibles daños a los bienes”.

“Tampoco se ha comunicado a la parroquia el destino de la cruz y el lugar donde se depositará, por lo que continuará la labor de defensa de sus derechos patrimoniales hasta las últimas instancias judiciales que procedan”, subrayaron ayer desde la parroquia.

Respeto a los tribunales

Tanto la parroquia como el obispado de Orihuela-Alicante han esgrimido ante los tribunales sus argumentos sobre el derecho de propiedad, “estando pendiente aún de pronunciamiento los tribunales de la jurisdicción ordinaria que determinen la propiedad y el alcance de los derechos sobre la cruz y la plaza de la Iglesia”, y está pendiente de resolución “la posible vulneración de derechos fundamentales y una investigación en el ámbito penal”.

Desde la parroquia han expresado “el absoluto rechazo hacia toda forma de violencia física, verbal o de cualquier tipo como modo de actuación en la resolución de posibles malentendidos”, y defienden “el diálogo abierto y sincero en el respeto a todos, incluso hacia aquellos con los que no compartimos las mismas sensibilidades religiosas y en un clima de cordial amistad y caridad fraterna”.

Por su parte, La Justicia de ahora la razón a la Plataforma por la defensa de la Cruz, representada en los tribunales por Abogados Cristianos, y paraliza la retirada de lo que queda de la Cruz de Callosa de Segura.

 

Comunicado de prensa íntegro

La Parroquia de San Martín Obispo de Callosa de Segura quiere hacer público, como titular de la propiedad de la Plaza de la Iglesia y del Monumento de la Cruz de los Caídos, el siguiente comunicado:


  1. En la madrugada del día de hoy, 29 de enero, concretamente, sobre las 04.00 horas, un dispositivo policial y operarios enviados por el Ayuntamiento, se han personado sin previo aviso en la Plaza de la Iglesia y han procedido por medios mecánicos, a la ocupación y retirada del Monumento denominado Cruz de los Caídos.
  2. La actuación municipal se ha llevado a cabo obviando el derecho de propiedad privada, de tal forma que sin haberse delimitado por los Tribunales el dominio público al que afectaba la actuación, y sin haber convenido con la Parroquia la afectación del inmueble, se ha procedido al traslado de la Cruz invadiendo el suelo propiedad de la Parroquia generando un manifiesto daño en sus derechos y en los de aquellos feligreses que han defendido el patrimonio de la Iglesia.
  3. Además, el Ayuntamiento es conocedor y parte en los procedimientos judiciales abiertos que aún están pendientes de resolución. Con su actuación consideramos que el Consistorio ha ejecutado un acto que está siendo objeto de discusión ante los Tribunales y en los que, precisamente se está discutiendo la titularidad del bien que afecta a tal acto administrativo, de modo, que la competencia para apreciar su procedencia y la ponderación de los intereses en conflicto, se desplaza al juzgado o tribunal correspondiente que está tratando el asunto y no al Ayuntamiento que, de un modo unilateral, ha decidido obrar sin esperar al pronunciamiento judicial movido por presiones e intereses políticos.
  4. Por otro lado, esta actuación no ha sido objeto de comunicación formal previa a la Parroquia mediante escrito del Ayuntamiento en el que se hiciese constar de manera específica el día y hora de la intervención, los medios materiales que se iban a utilizar, el personal asignado y, en definitiva, datos precisos que permitiesen a la misma tomar las oportunas medidas para ejercer sus derechos o, al menos, tomar las cautelas adecuadas para evitar posibles daños a sus bienes. Tan solo se le comunicó al párroco por escrito, la ocupación de la Plaza de la Iglesia con motivo de la realización de obras en la misma, sin ningún otro tipo de especificación. Tampoco el Ayuntamiento ha notificado a la Parroquia el destino de la Cruz y el lugar donde se depositará, por lo que continuará la labor de defensa de sus derechos patrimoniales hasta las últimas instancias judiciales que procedan.
  5. Tanto la Parroquia de San Martín Obispo, sobre la que recae la responsabilidad en cuanto persona jurídica sobre este asunto, como el Obispado de Orihuela-Alicante, han articulado todos los medios legamente procedentes en amparo de su derecho de propiedad y la de sus feligreses, estando pendiente aún de pronunciamiento los Tribunales de la jurisdicción ordinaria que determinen la propiedad y el alcance de los derechos sobre la Cruz y la Plaza de la Iglesia. Además, sigue pendiente un proceso de posible vulneración de derechos fundamentales y una investigación en el ámbito penal, sin conocerse aún el resultado de todas estas actuaciones, por lo que entendemos que el Ayuntamiento ha actuado por la vía de hecho, vulnerando los más elementales principios de prudencia y seguridad jurídica.
  6. Como en comunicados anteriores hemos manifestado, tanto la comunidad parroquial como el Obispado, agradecemos de todo corazón la oración y el apoyo tanto personal como colectivo, del gran número de feligreses y vecinos que se han implicado para ayudar con sano y verdadero espíritu cívico y cristiano, a la resolución de cualquier conflicto. También, como fieles cristianos queremos dejar constancia de nuestro absoluto rechazo hacia toda forma de violencia física, verbal o de cualquier tipo como modo de actuación en la resolución de posibles malentendidos. Al contrario, abogamos siempre y de manera decidida por el diálogo abierto y sincero en el respeto a todos, incluso hacia aquellos con los que no compartimos las mismas sensibilidades religiosas y en un clima de cordial amistad y caridad fraterna.
  7. Para finalizar, volvemos a declarar vivamente nuestro deseo de seguir en cordial diálogo con las autoridades municipales. Seguimos trabajando unidos en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para todos.

Juan Bautista Samper Sellés, cura párroco. Callosa de Segura, 29 de enero de 2018.

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